martes, 6 de agosto de 2013

El nuevo procedimiento de regularización catastral, la calidad del dato y la eficiencia en el gasto público.

El nuevo procedimiento de regularización catastral puesto en marcha por la Dirección General del Catastro de España es la respuesta técnica a una iniciativa política que busca mejorar la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en todos los municipios mediante la plena actualización de la base de datos catastral, integrando en la misma en muy corto espacio de tiempo todos los inmuebles que no figuran en el Catastro o que, figurando, se encuentran indebidamente descritos. Responde esta iniciativa al hecho objetivo de que el IBI es el único gran impuesto cuya recaudación sigue aumentando, aun en plena crisis, por lo que se constituye como la única vía real e inmediata para mejorar los ingresos de los municipios.


El proceso de regularización catastral que ha sido diseñado es de una gran magnitud y mantiene varias incertidumbres. Su ámbito geográfico abarca toda España, excepto País Vasco y Navarra (7.593 municipios, debiendo regularizarse casi 7 municipios de media al día para concluir en diciembre de 2016, como está previsto.), siendo desconocido el número de inmuebles a regularizar, si bien hay estimaciones que señalan entre 2,5 y 3,5  millones, cifra que me parece excesivamente alta.

Los ciudadanos incorporados a este procedimiento deberán abonar una tasa de 60 euros por inmueble, mediante cuyo pago regularizarán su situación, lo que les evitará ser sancionados a través de un procedimiento de inspección catastral por omisión de deber de declarar al Catastro sus propiedades.

Tres comentarios pueden realizarse sobre este procedimiento:
En primer lugar, se trata de un procedimiento masivo que ha de ejecutarse en un breve espacio de tiempo y en el que intervendrán, probablemente, cientos de personas pertenecientes a decenas de empresas capturando datos de campo, con muy distinta preparación y dedicación. Siendo imprescindible la ejecución de este proyecto en el momento actual, no es menos cierto que este carácter masivo y urgente (mucha información, muchas personas interviniendo, y poco tiempo de ejecución) abre una mayor posibilidad de que la calidad de los datos que se incorporen al Catastro se resienta, cuestión que debería evitarse en todo caso.

En segundo lugar, parece obvio que los procedimientos habituales seguidos para la actualización del Catastro,  generalmente desarrollados  bajo el control de la empresa instrumental SEGIPSA, no se adaptan bien a esta nueva situación. Se requerirá desarrollar una metodología específica y acorde con los objetivos del proyecto, que integre mucho mayor nivel de control, sin mermar la agilidad que requiere el proceso. En otras palabras, será necesario contar con una herramienta técnica compleja que, por un lado, facilite el trabajo de los cientos de personas que van a desarrollar el trabajo de campo, y por otro, introduzca sistemas eficaces de control de la calidad del dato capturado, para evitar errores que sean la fuente de futuros conflictos. En definitiva, se necesita generar una nueva plataforma de control del proyecto, como la descrita en el gráfico, a través de la cual se monitorice el orden y ritmo de trabajo de las personas que intervienen en el proceso, y por otro, se integren herramientas de validación y control de los datos para asegurar su calidad, como fase previa a su entrega a la Dirección General del Catastro.

Y en tercer lugar, debe garantizarse una perfecta adecuación entre la compensación económica que recibirán las empresas por el trabajo de campo que van a realizar, y la calidad de la información que les es requerida. Se trata de un caso real en el que se ha de lograr la máxima eficiencia en el gasto público, reduciendo el precio por inmueble capturado, pero sin que ello merme la calidad de la información levantada. Sin duda un gran compromiso para la Dirección General del Catastro que asume riesgos importantes en la decisión: un precio excesivamente alto será un gasto ineficiente e inaceptable en los momentos actuales, pero un precio  unitario por inmueble demasiado bajo determinará sin duda un peor trabajo en la captura de la información y, por extensión, una pérdida en la calidad del dato. Sin duda en la Dirección General del Catastro se cuenta con la capacidad y el conocimiento suficiente para tomar la decisión adecuada.




5 comentarios:

  1. Ha dicho bien, el objetivo es aumentar la recaudación del IBI y la Renta. En ningún caso se plantea resolver los errores de los datos catastrales actuales. Se actuará SOLO incorporando el dato omitido y fácil que garantice sin problemas un incremento de la recaudación.
    El trabajo se pretende costear con parte de la tasa que pagaran los contribuyentes, es decir lo pagarán ellos mismos y siendo de su misma opinión, sin duda se ha obtenido con el mejor criterio y conocimiento.

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    1. Me parece correcto y creo que este país no necesita mas presión fiscal.
      Lo que ya no me parece tan correcto que halla verdaderas mansiones y edificios notables sin catastrar.
      Ahora si cualquier ciudadanito paga su IBI y su tasa de basuras sin rechistar, y otros no se sabe como sus casa son campos de olivos o eriales, esto si que se debe de erradicar y sancionar. Sin ninguna duda.
      EN OTROS PAÍSES ESTOS INDIVIDUOS ESTARÍAN DENUNCIADOS POR SUS PROPIOS PAISANOS.

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  2. Lo que no se entiende es que le paguen a Segipsa y luego paguen ellos a las empresas cuando las Gerencias pueden hacer la misma selección sin tanto coste.

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  3. En Extremadura: Segipsa contrata los trabajos a otra empresa y ésta a su vez a otra. Y ésta segunda a dos delineantes que hacen el trabajo sin salir de la oficina, porque claro, con tanto intermediario no queda presupuesto para hacer un trabajo de calidad.

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  4. Con el bajón en la promoción inmobiliaria, después de la regularización catastral las Gerencias y los Ayuntamientos tendremos tiempo para volver sobre todo lo que no se ha hecho o no se ha hecho bien. Todos los pasos son válildos y buenos hacia un catastro actualizado, porque además cada día se utiliza más un sinfin de trámites y procedimientos.
    Sin dejar de lado la principal ventaja que es la justicia tributaria: si todos pagamos, a lo mejor cabemos a menos (si los ayuntamientos despues modifican sus tipos, claro)

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