El modelo actual es claro: El Catastro define sujetos pasivos, base imponible (el valor catastral) y, en la práctica totalidad de los casos, base liquidable. El Ayuntamiento por su parte define tipo de gravamen, beneficios fiscales aplicables y cuota. La distribución de responsabilidades es nítida y los efectos de las mismas también, puesto que la vigente normativa permite un amplio abanico de posibilidades que van desde bases bajas y tipos de gravamen altos, hasta lo contrario, lo que permite, si así se desea, que en un municipio con valores catastrales recientemente actualizados se pague menos IBI que en otro en el que llevan años sin actualizarlos. Por tanto, el efecto en cuota del IBI de las revisiones catastrales depende única y exclusivamente del municipio y a él le corresponde asumir esta responsabilidad.
Es, ni más ni menos, algo tan simple como la aplicación de la propiedad conmutativa de la multiplicación, que todos aprendimos en el colegio: 2x5 da un resultado igual a 5x2. Solo ha de desear que sea así el municipio.
Es poco acorde con los principios de transparencia y veracidad en la información que los ciudadanos merecen que desde unos pocos y contados municipios se trate de confundirlos afirmando que el IBI subirá tras la revisión de los valores catastrales porque lo impone así la Administración General el Estado. Los Ayuntamientos necesitan recursos financieros para atender las necesidades de sus ciudadanos, y la actualización de los valores catastrales puede ayudarles legítimamente a ello. No se puede criticar a los gestores municipales por esta decisión, que sólo a ellos corresponde adoptar y, por supuesto, justificar.
Puedes ver el artículo mencionado en:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/20101031/los-alcaldes-posponen-revision-del-catastro-por-las-elecciones/567476.shtml
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