La crisis económica va ha producir, sin duda alguna, una significativa reducción de los recursos financieros con los que contamos los gestores públicos para desarrollar las funciones que tenemos encomendadas. Esta situación pondrá de manifiesto nuestra capacidad para seguir prestando los servicios que la sociedad reclama, reduciendo sus costes. La otra alternativa- suprimir el servicio público- no es asumible, pues supone tanto como negar a los ciudadanos sus derechos.
La situación va a poner a prueba a las Administraciones Públicas y permitirá distinguir entre ellas a las que cuentan con mejores gestores, capaces de aplicar medidas reales que permitan incrementar la eficiencia.
En buen ejemplo de esta línea de acción es el nuevo servicio de notificación electrónica que ha puesto en marcha la Dirección General del Catastro, mediante el cual los propietarios de casi 575.000 inmuebles, un 17% del total, obtuvieron voluntariamente la notificación de los nuevos valores catastrales por internet o acudiendo a una oficina pública, lo que permitió prestar el servicio y ahorrar más de tres millones de euros.
El ahorro generado gracias a la colaboración de los ciudadanos que usaron este servicio se distribuye entre el Ministerio de Economía y Hacienda y los Ayuntamientos en los que se realizó la revisión de valores.
Este nuevo modelo de notificación electrónica incluye importantes ventajas respecto al modelo tradicional de notificación mediante carta certificada:
-permite al ciudadanos que lo desee voluntariamente obtener la notificación por Internet, en el momento y lugar que deseen.
-facilita al ciudadano más información complementaria, incluyendo el certificado catastral de su inmueble.
-supone un considerable ahorro tanto para el Estado como para los municipios, puesto que se pasa de un coste medio de más de 3 euros por notificación por carta tradicional, a 0,3 euros por notificación electrónica.
-evita desplazamientos e impresión de papel, reduciendo con ello el impacto medioambiental.
Un buen ejemplo que marca la senda de futuras reformas en los procedimientos administrativos, permitiendo generar ahorros sustantivos. Pero para ello hace falta que los responsables políticos confíen en los gestores públicos.
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