Tres preguntas (frecuentemente sin respuesta) que deberían hacerse quienes buscan una coordinación real entre Catastro y Registro de la Propiedad.

En América Latina son numerosos los países e instituciones que están poniendo en marcha procesos para lograr la efectiva coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad con el fin de superar una mala situación que, al igual que ocurre en España, tiene raíces históricas y que cada vez es menos entendida por los ciudadanos. Por mucho que algunos destacados profesionales realicen notables esfuerzos intelectuales para intentar justificar la situación actual, lo cierto es que el simple y contundente sentido común pone de manifiesto que no es correcto que una finca tenga una superficie o unos linderos diferentes en el Catastro y en el Registro de la Propiedad. Es obvio que alguno de los dos datos está mal, cuando no lo están los dos.

Se pueden explicar los orígenes de esta discrepancia en los procedimientos que en su día se siguieron para la captura del dato, pero es difícil argumentar  que un elemento físico y objetivo como puede ser la superficie, perfectamente definible con la máxima precisión con las técnicas topográficas actuales, pueda ser distinta según se trate de una u otra institución. Todo ello sin olvidar los efectos jurídicos que pueden derivarse de esta situación, incluida la propia inseguridad que amenaza el sistema.

Trabajando con distintos responsables latinoamericanos de ambas instituciones que desean abordar iniciativas para la coordinación, y antes de estudiar el alcance concreto de su problema, me gusta plantearles tres cuestiones concretas:

1ª.- ¿Existe voluntad política y técnica para coordinar ambas instituciones?.

2ª.- Si una misma finca tienen distinta información (de propietarios, linderos, superficie, etc.) en Catastro y en Registro,  ¿existen criterios, con el rango legal adecuado, que definan qué dato de los dos prevalecerá sobre el otro?.

3ª.- Identificado el dato que prevalece, ¿se corrige el dato erróneo en la correspondiente base de datos para que coincida plenamente con este?.

Sorprendentemente en multitud de ocasiones las preguntas 2 y 3 no suelen tener una respuesta positiva. Aunque exista la voluntad política de comenzar procesos de coordinación, es muy frecuente que estos proyectos no incluyan respuestas para estas cuestiones, lo que supone que se acaban paralizando en sus primeras fases, una vez que se ha elaborado la lista de fincas que se identifican como la misma en ambas bases de datos, y se visualizan las diferencias en la información.

Es decir, se llega a saber que se trata de la misma finca, pero no se sabe qué hacer con los datos discrepantes.

Después de algunos años de enfrentar esta cuestión y de estudiar los argumentos históricos, jurídicos, doctrinales y corporativos que aportan quienes han participado en este debate, he acabado por adoptar una posición personal mucho más simple que alguno de los argumentos que otros utilizan, pero no por ello menos contundente: si no hay criterios que definan qué dato prevalece sobre el otro, y no se corrige en la respectiva  base de datos el dato erróneo para incorporar el correcto, la coordinación real entre Catastro y Registro no será nunca posible.

De nada valen soluciones fallidas basadas en la creación de “falsos catastros”, que solo acaban abundando en el error al aportar la representación gráfica de un dato erróneo, ni posiciones inmovilistas que pretenden encontrar el camino “venciendo al contrario”, como si se tratara de un enfrentamiento bélico o deportivo, olvidando en todos los casos la prevalencia del interés común y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, principios que en todo caso deberían regir el debate.

Soy consciente de que esta cuestión incluye un fuerte componente jurídico, que puede afectar a la propia regulación y alcance de algunos derechos, de las dificultades técnicas que supone un proceso de coordinación de este calado, y de los compromisos políticos que se derivan de todo ello. Pero no nos dejemos llevar por una falsa interpretación de todas estas cuestiones. El problema tiene hoy en día soluciones técnicas eficaces aplicables inmediatamente con garantía de resultado en poco tiempo. La verdadera cuestión está en los componentes políticos y de defensa de posiciones institucionales y corporativas, que impregnan toda la cuestión.