Reforma constitucional en México para facilitar el desarrollo de un modelo nacional de catastro.

En fechas recientes el Congreso mexicano ha adoptado una importante decisión relacionada con el Catastro. Se trata de una adición al artículo 73 por la que se faculta al Congreso a aprobar una Ley que establezca las bases generales de operación de los registros públicos inmobiliarios  así como  de los catastros, con el fin de lograr su homologación y armonización.

Esta iniciativa legislativa responde a dos circunstancias muy concretas:

En primer lugar, al modelo de distribución de competencias en México, que atribuye las funciones catastrales a los municipios, como parte de su modelo de financiación.

Y en segundo término, a la voluntad expresada por los últimos gobiernos de la nación de impulsar la modernización de los catastros, superando la situación actual que se caracteriza por una bajo nivel general de modernización y actualización, y una muy desigual calidad entre municipios, que oscila entre catastros con un alto nivel de desarrollo, como el de la Capital, hasta la práctica inexistencia del mismo en muchas ciudades.

Asimismo, la medida viene a apoyar las iniciativas desarrolladas en fechas anteriores mediantes las cuales un número importante de  municipios delegaron en los gobiernos de los Estados el ejercicio de estas funciones, lo que es la causa de que en la actualidad existan en México instituciones catastrales municipales y estatales.  Junto a ellas, el RAN (Registro Agrario Nacional, de ámbito federal) es el responsable de los levantamientos catastrales del suelo ejidal, es decir, aquel que procede de los periodos revolucionarios y que es de titularidad pública, siendo explotado por las comunidades vecinas, y que supone más de 45% de la superficie del catastro rústico.

Con esta reforma se pretende impulsar la modernización del Catastro en México, a partir de la creación de un modelo frente al cual puedan homologarse y armonizarse los catastros municipales y estatales, y que permitirá definitivamente integrar información catastral a nivel nacional. Asimismo, ha de ser una vía prioritaria para mejorar la recaudación del impuesto predial (equivalente al IBI español), y superar con ello el bajo nivel de ingresos que se obtienen por este concepto,  lo que sitúa a México en la parte más baja de la capacidad recaudatoria de todos los países de la OCDE, en lo que se refiere a tributación sobre los inmuebles.