El pasado 24 de mayo, concluida
la jornada electoral, se confirmaron la mayoría de los pronósticos. La entrada
de nuevos partidos con capacidad de gobernar o de decidir quién gobernará en
Ayuntamientos o Diputaciones ha provocado muchos y muy interesantes debates
sobre los cambios que se producirán, las estrategias políticas que se
aplicarán, y los servicios públicos que se desarrollarán, cambiarán o
desaparecerán como consecuencia de este nuevo escenario.
Visiones pesimistas que no
comparto predicen escenarios de parálisis administrativa, cuando no de desarme
de determinadas políticas, mientras que otros no menos alarmistas creen ver
inmediatos usos de los servicios públicos como armas arrojadizas contra
determinados sectores de la población, más o menos contrarios a la ideología
política del partido ganador.
En este debate no ha quedado
fuera ni el catastro ni su aplicación con mayor impacto social: el IBI.
El
debate ya viene desde la propia campaña. Como ejemplo, tras años de esfuerzo
para situar a Madrid en un nivel recaudatorio más propio de su condición, “Aguirre promete rebajar a la mitad el
Impuesto de Bienes Inmuebles”, (El País 4/5/2015), mientras que desde otra
opción política se presenta “El plan
justiciero de Manuela Carmena” (“El Mundo” 29/5/2015), iniciativa que
incluye tasas que «penalicen la acumulación de viviendas con fines
especulativos, en manos de grandes empresas, inmobiliarias y entidades
financieras», se reabre el tema del recargo a las viviendas desocupadas, se
estudia un gravamen para edificios y solares vacíos y negocios cerrados, y se
busca un IBI “lo más progresivo” que permita la ley, pero apuntado simultáneamente que «se han acabado
las subidas del IBI generalizadas”.
¿Este escenario perjudicará al Catastro en los próximos años, o por el contrario será una
palanca para potenciar su desarrollo?.
No me cabe ninguna duda que en
los próximos meses el Catastro –y por extensión el IBI- van a tener que
cambiar, como tampoco dudo en que este cambio será para mejor. La realidad
municipal se construirá sobre tres elementos igualmente relevantes desde el
punto de vista de gestión política: adaptabilidad de los servicios existentes a
las nuevas exigencias sociales (transparencia, participación, etc.),
discriminación positiva en función de nuevos criterios como el de “vulnerabilidad
social”, y capacidad financiera para llevar adelante todo ello sin olvidarse de
la deuda existente. En este escenario no es extraño que la que posiblemente
será nueva alcaldesa de Madrid haga coincidir en su mensaje que no habrá
subidas generalizadas del IBI, pero que este será más progresivo, en términos
sociales.
¿Cómo se hace más progresivo, en
términos subjetivos, un impuesto de carácter real como el IBI?. ¿Qué ocurre con un anciano cuyo único
ingreso es su pensión pública, pero que es propietario de una vivienda,
comprada tras años de esfuerzo, situada en una zona de gran valor de mercado y
con un alto valor catastral?. Simplificando al máximo, ¿este ciudadano es rico
o es pobre?. ¿Merece ayudas públicas,
como una bonificación en el impuesto, o
por el contrario debería pagar un IBI mayor en función del alto valor de su
vivienda?.
Estas cuestiones no son en
absoluto nuevas. Se plantearon, con mayor contundencia si cabe, durante el
famoso “Catastrazo”, y no tuvieron una fácil solución. ¿Debería el anciano
propietario vender su vivienda y trasladarse a otra más acorde con su capacidad
financiera actual, como se argumentó entonces en algún debate?. En términos de
lenguaje político actual, ¿esta propuesta no sería una forma indirecta de
desahucio sobre un ciudadano perteneciente a una capa social desfavorecida?.
Debates políticos aparte, lo
cierto es que la ejecución de estas propuestas va a necesitar más que nunca de
una gestión dinámica y creativa del Catastro. Se plantea, como una necesidad
inaplazable para una definición más precisa del IBI, la integración de la
información catastral con otras bases de datos de carácter social o económica, lo
que permitiría personalizar mucho más el impuesto, y en ese escenario
herramientas seguras de geo-analítica (Big Data) se van a hacer necesarias.
Igualmente, parece inaplazable la
reforma en profundidad del modelo de valoración catastral, cambiando la
posición reactiva actual, basada en seguir con años de demora al mercado, a una
actitud más proactiva, apostando fuertemente por el seguimiento en tiempo real
del mercado y poniendo en marcha las posibilidades predictivas que facilita
toda la riqueza de la base de datos catastral.
En definitiva, en mi opinión llegan
tiempos de oportunidad y de cambios para el Catastro, y si se sabe aprovechar
la corriente, la institución puede salir de estos cambios muy fortalecida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario