No hay otra fórmula. Si de verdad la sociedad española desea avanzar en desarrollo social y calidad de servicios, con una gestión eficiente de los recursos públicos disponibles, es imprescindible que suba su nivel de exigencia sobre la transparencia de la gestión desarrollada por los políticos. Especialmente en el ámbito local y provincial, donde la ausencia de controles internos es evidente.
En un país con buena salud democrática no debería ser admisible la tolerancia que la sociedad española demuestra hacia comportamientos corruptos ejercidos por sus políticos. Subsiste entre nosotros una idea equivocada, y muy propia de países del tercer mundo, según la cual todos los políticos, de una u otra forma, deben enriquecerse como consecuencia de su cargo. Si no lo hacen, incluso pueden ser criticados cómo poco inteligentes o eficaces. Sobre esta idea se apoyan frases muy frecuentemente oídas tales como “todos los políticos están en política para llevarse algo”.
La duda de fondo que me producen las personas que realizan este tipo de comentarios surge imaginando qué ocurriría si quien esto manifiesta ocupase un cargó público: ¿También seguiría el mismo comportamiento?. ¿La corrupción está incorporada en todas las actividades españolas, públicas y privadas, o es sólo un problema de político?.
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