Los conflictos entre Catastro y Registro en Latinoamérica sólo se resolverán con decisiones políticas. (Una sugerencia para los trabajos que debe abordar la recién creada Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad).

Durante un número importante de años tuve la ocasión de coordinar los cursos para directivos y técnicos latinoamericanos de Catastro, que se impartían en España dentro de los programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Conservo de esa época bastantes buenos amigos, con quienes tengo el placer de reencontrarme de vez en cuando con motivo de algún viaje o evento, como me acaba de ocurrir en Colombia.

En esos cursos desarrollábamos un seminario específicamente dirigido a identificar estrategias que ayudasen a desarrollar proyectos de Catastro en la región. En dicho seminario siempre concluíamos que eran cuestiones relacionadas con la fortaleza de las instituciones catastrales y con el bajo apoyo político, -generalmente demostrado en la insuficiente cobertura financiera-,  las que otorgaban el éxito o el fracaso final a estas iniciativas. Por el contrario, las dificultades para acceder a las nuevas tecnologías, necesarias para implementar un Catastro moderno, no se identificaban como una causa expresa que condicionase el buen resultado de los proyectos. Habitualmente coincidíamos en que no faltaba tecnología para desarrollar proyectos de Catastro en Latinoamérica

En términos similares se expresaron varios de los participantes en el evento recientemente celebrado en Bogotá, dentro de la primera reunión de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, auspiciada por la OEA y el Banco Mundial. En concreto, recuerdo expresamente una intervención muy clara en este sentido de Jorge Muñoz, Gerente de la Unidad Global de Tierras y Análisis Geoespacial del Banco Mundial.

En una entrada anterior, de mayo de 2013, titulada “Tres preguntas (frecuentemente sin respuesta) que deberían hacerse quienes buscan una coordinación real entre Catastro y Registro de la Propiedad”, y que puede consultarse en este enlace: http://catastreros.blogspot.com.es/2013/05/tres-preguntas-frecuentemente-sin.html

ya traté el tema de la necesidad de abordar los procesos de mejora en la coordinación de Catastros y Registros de la Propiedad en América Latina, como un problema esencialmente político.

Recomiendo repasar íntegramente esta entrada, de la que traigo ahora esta cita concreta: 

“Trabajando con distintos responsables latinoamericanos de ambas instituciones que desean abordar iniciativas para la coordinación, y antes de estudiar el alcance concreto de su problema, me gusta plantearles tres cuestiones concretas:

1ª.- ¿Existe voluntad política y técnica para coordinar ambas instituciones?.

2ª.- Si una misma finca tienen distinta información (de propietarios, linderos, superficie, etc.) en Catastro y en Registro,  ¿existen criterios, con el rango legal adecuado, que definan qué dato de los dos prevalecerá sobre el otro?.

3ª- Identificado el dato que prevalece, ¿se corrige el dato erróneo en la correspondiente base de datos para que coincida plenamente con este?.

Sorprendentemente en multitud de ocasiones las preguntas 2 y 3 no suelen tener una respuesta positiva. Aunque exista la voluntad política de comenzar procesos de coordinación, es muy frecuente que estos proyectos no incluyan respuestas para estas cuestiones, lo que supone que se acaban paralizando en sus primeras fases, una vez que se ha elaborado la lista de fincas que se identifican como la misma en ambas bases de datos, y se visualizan las diferencias en la información.

Es decir, se llega a saber que se trata de la misma finca, pero no se sabe qué hacer con los datos discrepantes.”

Dicho de otra forma, realizados los esfuerzos técnicos oportunos para diagnosticar el problema (el proyecto ICARE en Colombia, o los procesos de vinculación catastro-registro desarrollados en numerosos catastros mexicanos, son buenos ejemplos de ello), parece que sigue faltando decisión política para resolver la cuestión.

Llegados a la necesidad de adoptar decisiones que deben ser aceptadas por todas las instituciones implicadas, incluso en contra de sus intereses corporativos, en muy pocas ocasiones los gobiernos han adoptado decisiones contundentes para romper esta mala situación, que se prolonga durante décadas.

Fijándonos en cómo se ha tratado esta cuestión en otros países de Europa, en Australia o en Canadá, donde el conflicto ya se ha resuelto hace muchos años, sólo caben dos vías eficaces de actuación:

-Acabando con la disparidad institucional, bien refundiendo ambas instituciones en una, o al menos estableciendo bases de datos únicas, de tal manera que no sea posible la existencia de dos datos discrepantes del mismo predio sobre titularidad de los derechos, situación, superficie o linderos.

-Y otorgando prioridad temporal a los trabajos de identificación física de los predios (actividad que suele corresponder a los catastros), frente a las funciones de asignación o publicación de derechos, (labor propia de los Registros de la Propiedad), garantizando así que no se reconocen o se da publicidad a derechos que recaigan sobre predios descritos de forma confusa o contradictoria, o incluso que ni siquiera existen. ¿Cómo es posible que con el avance actual de la tecnología sigan produciéndose dobles inmatriculaciones registrales, o inscripciones  que describen emplazamientos, superficies o linderos que no se corresponden con la realidad?.

Estas y no otras son las decisiones que tendrán que adoptar tarde o temprano los responsables políticos de los gobiernos latinoamericanos que deseen realmente coordinar de manera definitiva el Catastro y el Registro de la Propiedad.

Pretender que el problema se va a resolver sólo aportando tecnología, es una visión errónea. La tecnología solo valdrá para divulgar y amplificar el error, si todo sigue igual, o para corregirlo, si se tomas las decisiones adecuadas.