El pasado 21 de diciembre tuvo
lugar la firma en España de un Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de
Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Justicia, que constituye un ejemplo
claro de cómo la información catastral sirve también de herramienta decisiva
para luchar contra las actividades delictivas.
Otro caso más de este modelo de
Catastro multipropósito, o multifinalitario, al que nos hemos referido en
distintas ocasiones.
Este acuerdo permitirá la
agilización del intercambio de información referente a inmuebles registrados
en el Catastro que han sido intervenidos, embargados o decomisados, al proceder
de actividades delictivas, cuando así se solicita desde el Poder Judicial o el
Ministerio Fiscal.
Por parte del Ministerio de Justicia esta tarea está encomendada
a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), creada a finales de
2015, que también recibirá asistencia técnica y asesoramiento del Catastro para
la estimación del valor de mercado de los bienes inmuebles sobre los que esta
Oficina deba intervenir. Finalmente, las labores de asesoramiento se extienden
también a la resolución de divergencias que pueden surgir entre la información
contenida en el Registro de la Propiedad y la que se incluye en el Catastro.
La importancia de esta
colaboración con el Catastro se plantea como decisiva en aras a conseguir el
estrangulamiento financiero y mejorar la lucha contra la criminalidad
organizada, que mueve importantes beneficios económicos,- en muchos casos
materializados en la adquisición de
inmuebles-, así como la reversión de las ganancias ilícitamente obtenidas en
proyectos de ayuda a las víctimas.
En este sentido, este compromiso
trasciende el ámbito español y da respuesta a la creciente necesidad de
trabajar coordinadamente en el ámbito internacional, cumpliendo así con los
requerimientos que define la propia Unión Europea, fundamentalmente a través de
la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos
y del producto del delito en la Unión Europea. Esta necesidad de coordinación
se plantea también en el entorno de las relaciones entre los distintos países de
la comunidad iberoamericana.
Para entender con más claridad el
alcance de estas iniciativas, puedes ver el contenido de la Plataforma ARO (Asset
Recovery Office Platform) de la Unión Europea, destinada a la recuperación de
activos procedentes de actividades criminales, en el siguiente enlace:
y la Red iberoamericana de recuperación de activos en este: https://apps.icd.go.cr/rrag/Autenticacion.aspx
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