En el ámbito de las actividades
que han tenido lugar en la X edición del TOPCART, que se desarrolló entre el 16
y el 19 de noviembre en Madrid, tuvo lugar el miércoles 17 una interesante mesa
redonda sobre coordinación entre Catastro, Registro de la Propiedad y
Notariado, y sobre el papel que los profesionales de la Topografía deben
desempeñar dentro de dicho modelo.
Por parte de los Registradores de
la Propiedad intervino Joaquín Delgado, César Belda representó a los notarios,
Fernando Aragón a la Dirección General del Catastro, y Pedro Ortiz y Miguel
Ángel Castilla al Colegio Nacional de Ingenieros Técnicos en Topografía. Además
formó parte de la mesa Jesús Miranda Hita, en su condición de ex Director
General del Catastro y experto en el objeto del debate.
La larga duración del debate, la abundancia de temas tratados, y el peso de
algunas de las manifestaciones realizadas en la mesa hace difícil realizar un
resumen eficaz en estas pocas líneas, pero no me resisto a incluir algunos comentarios de mi propia
cosecha:
-Hay coincidencia plena en
admitir que no existe en España un problema crítico con la propiedad
inmobiliaria, ni alarma social o preocupación pública que impida o limite el
desarrollo de cualquier actividad pública o privada por esta circunstancia. No
obstante lo anterior, también existe coincidencia en que el modelo puede y debe
ser mejorado
-Existe igualmente una absoluta
necesidad de “desbrozar” y separar los distintos elementos que componen la
cuestión como trabajo previo imprescindible a la presentación de cualquier propuesta
de solución:
-Debe distinguirse
entre cuestiones de alcance institucional, de aquellas otras de contenido
estrictamente jurídico, así como de las asociadas a las metodologías y técnicas
topográficas.
-Debe
profundizarse en el análisis de las legislaciones catastral, notarial y
registral, muchas veces contradictorias, anticuadas e inadecuadas para resolver
el problema.
-Asimismo,
deben revisarse en profundidad los procedimientos aplicados en los distintos
entornos que integran el conflicto, asumiendo que el problema no es una cuestión
de tecnología- existen múltiples respuestas posibles y contrastadas para
abordar la solución desde el punto de vista tecnológico- sino de acuerdos
institucionales.
-Todas las partes deberían ser
conscientes del entorno económico y social en el que nos encontramos, sumamente
propicio para poner en marcha reformas estructurales como las que requiere la
solución del problema. Es evidente que estas reformas pasan previamente por el
acuerdo, por lo que debería trabajarse activamente en él, creando los foros políticos
y técnicos adecuados (grupos de trabajo, “libro blanco”, etc.). En todo caso, y
esta es mi opinión personal, no será posible el acuerdo si no se reconocen por
todas las partes los tres elementos básicos para que llegue a buen fin
cualquier negociación: reconocer el conflicto, reconocer la existencia de las
otras partes interesadas al máximo nivel en la solución, y finalmente, proponer
alternativas que busquen mejorar la posición de todos, y no imponer una solución
sobre un modelo ganadores/perdedores, que ha demostrado históricamente que no
llegará a ninguna parte.
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