lunes, 29 de octubre de 2012

De nuevo la violencia asociada a la propiedad de la tierra en Latinoamérica: ahora Panamá.

Todavía reciente el conflicto surgido en Paraguay, que dio lugar incluso a un cambio de gobierno, se producen de nuevo graves incidentes asociados a la propiedad de la tierra en América Latina, en este caso en Panamá.

Tras varios días de huelga y movilización en las calles, que dejaron tres muertos y graves perdidas económicas, el Parlamento panameño aprobó derogar la ley de ventas de tierras en la Zona Libre de Colón, que permitía su privatización. Esta Ley, conocida como Ley 72/2012, buscaba sanear la propiedad de un número importante de propiedades en una zona que constituye el corazón económico de Panamá, en un intento de introducir transparencia y seguridad jurídica, para facilitar con ello un mayor y mejor desarrollo de las inversiones en la  zona procedentes de capital panameño e internacional.
El diputado oficialista Hernán Delgado, de Cambio Democrático (CD), tras señalar que la norma se creó con el propósito de "solucionar los problemas sociales de Colón", reconoció que quienes tenían la responsabilidad de promover la ley "no la han sabido vender". Es decir, un nuevo caso de inadecuación entre los proyectos que loablemente buscan la reforma y mejora del sistema de la propiedad inmobiliaria,  y la imprescindible comunicación pública que necesariamente ha de acompañar este tipo de medidas, ignorando que ambas acciones han de tener la misma atención por parte de los responsables de la iniciativa, como tantas veces hemos explicado en diversos foros y seminarios sobre estrategias para implantación de este tipo de proyectos.
Como consecuencia, los valores positivos del proyecto se pierden y queda el populismo y la demagogia que han paralizado tantas y tantas reformas en América Latina: no es de extrañar que desde la oposición el mensaje lanzado señalase que "había un interés (del Gobierno) de vender las tierras para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres".

El resultado final es terrible: muertos, daños considerables y un retroceso a normas de 1.948, además de un considerable golpe a los importantes trabajos de saneamiento de la propiedad inmobiliaria que está intentando llevar a cabo la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), que lidera un importante proyecto de alcance internacional. Sin duda los responsables de esta institución deben adoptar importantes medidas en el ámbito de sus políticas de comunicación pública, si es que realmente quieren seguir adelante con las importantes e imprescindibles políticas de saneamiento de la propiedad inmobiliaria que Panamá necesita.

Puedes encontrar algunas noticias sobre el conflicto en los siguientes enlaces:


 

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