El nuevo procedimiento de
regularización catastral puesto en marcha por la Dirección General del Catastro
de España es la respuesta técnica a una iniciativa política que busca mejorar
la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en todos los municipios
mediante la plena actualización de la base de datos catastral, integrando en la
misma en muy corto espacio de tiempo todos los inmuebles que no figuran en el Catastro
o que, figurando, se encuentran indebidamente descritos. Responde esta
iniciativa al hecho objetivo de que el IBI es el único gran impuesto cuya recaudación
sigue aumentando, aun en plena crisis, por lo que se constituye como la única vía
real e inmediata para mejorar los ingresos de los municipios.
El proceso de regularización
catastral que ha sido diseñado es de una gran magnitud y mantiene varias
incertidumbres. Su ámbito geográfico abarca toda España, excepto País Vasco y
Navarra (7.593 municipios, debiendo regularizarse casi 7 municipios de media al
día para concluir en diciembre de 2016, como está previsto.), siendo
desconocido el número de inmuebles a regularizar, si bien hay estimaciones que
señalan entre 2,5 y 3,5 millones, cifra
que me parece excesivamente alta.
Los ciudadanos incorporados a
este procedimiento deberán abonar una tasa de 60 euros por inmueble, mediante
cuyo pago regularizarán su situación, lo que les evitará ser sancionados a
través de un procedimiento de inspección catastral por omisión de deber de
declarar al Catastro sus propiedades.
Tres comentarios pueden
realizarse sobre este procedimiento:
En primer lugar, se trata de un
procedimiento masivo que ha de ejecutarse en un breve espacio de tiempo y en el
que intervendrán, probablemente, cientos de personas pertenecientes a decenas
de empresas capturando datos de campo, con muy distinta preparación y
dedicación. Siendo imprescindible la ejecución de este proyecto en el momento
actual, no es menos cierto que este carácter masivo y urgente (mucha información,
muchas personas interviniendo, y poco tiempo de ejecución) abre una mayor
posibilidad de que la calidad de los datos que se incorporen al Catastro se
resienta, cuestión que debería evitarse en todo caso.
En segundo lugar, parece obvio
que los procedimientos habituales seguidos para la actualización del Catastro, generalmente desarrollados bajo el control de la empresa instrumental
SEGIPSA, no se adaptan bien a esta nueva situación. Se requerirá desarrollar
una metodología específica y acorde con los objetivos del proyecto, que integre
mucho mayor nivel de control, sin mermar la agilidad que requiere el proceso. En
otras palabras, será necesario contar con una herramienta técnica compleja que,
por un lado, facilite el trabajo de los cientos de personas que van a
desarrollar el trabajo de campo, y por otro, introduzca sistemas eficaces de
control de la calidad del dato capturado, para evitar errores que sean la
fuente de futuros conflictos. En definitiva, se necesita generar una nueva
plataforma de control del proyecto, como la descrita en el gráfico, a través de
la cual se monitorice el orden y ritmo de trabajo de las personas que
intervienen en el proceso, y por otro, se integren herramientas de validación y
control de los datos para asegurar su calidad, como fase previa a su entrega a
la Dirección General del Catastro.
Y en tercer lugar, debe garantizarse
una perfecta adecuación entre la compensación económica que recibirán las
empresas por el trabajo de campo que van a realizar, y la calidad de la
información que les es requerida. Se trata de un caso real en el que se ha de
lograr la máxima eficiencia en el gasto público, reduciendo el precio por
inmueble capturado, pero sin que ello merme la calidad de la información
levantada. Sin duda un gran compromiso para la Dirección General del Catastro
que asume riesgos importantes en la decisión: un precio excesivamente alto será
un gasto ineficiente e inaceptable en los momentos actuales, pero un
precio unitario por inmueble demasiado
bajo determinará sin duda un peor trabajo en la captura de la información y,
por extensión, una pérdida en la calidad del dato. Sin duda en la Dirección General
del Catastro se cuenta con la capacidad y el conocimiento suficiente para tomar
la decisión adecuada.
Ha dicho bien, el objetivo es aumentar la recaudación del IBI y la Renta. En ningún caso se plantea resolver los errores de los datos catastrales actuales. Se actuará SOLO incorporando el dato omitido y fácil que garantice sin problemas un incremento de la recaudación.
ResponderEliminarEl trabajo se pretende costear con parte de la tasa que pagaran los contribuyentes, es decir lo pagarán ellos mismos y siendo de su misma opinión, sin duda se ha obtenido con el mejor criterio y conocimiento.
Me parece correcto y creo que este país no necesita mas presión fiscal.
EliminarLo que ya no me parece tan correcto que halla verdaderas mansiones y edificios notables sin catastrar.
Ahora si cualquier ciudadanito paga su IBI y su tasa de basuras sin rechistar, y otros no se sabe como sus casa son campos de olivos o eriales, esto si que se debe de erradicar y sancionar. Sin ninguna duda.
EN OTROS PAÍSES ESTOS INDIVIDUOS ESTARÍAN DENUNCIADOS POR SUS PROPIOS PAISANOS.
Lo que no se entiende es que le paguen a Segipsa y luego paguen ellos a las empresas cuando las Gerencias pueden hacer la misma selección sin tanto coste.
ResponderEliminarEn Extremadura: Segipsa contrata los trabajos a otra empresa y ésta a su vez a otra. Y ésta segunda a dos delineantes que hacen el trabajo sin salir de la oficina, porque claro, con tanto intermediario no queda presupuesto para hacer un trabajo de calidad.
ResponderEliminarCon el bajón en la promoción inmobiliaria, después de la regularización catastral las Gerencias y los Ayuntamientos tendremos tiempo para volver sobre todo lo que no se ha hecho o no se ha hecho bien. Todos los pasos son válildos y buenos hacia un catastro actualizado, porque además cada día se utiliza más un sinfin de trámites y procedimientos.
ResponderEliminarSin dejar de lado la principal ventaja que es la justicia tributaria: si todos pagamos, a lo mejor cabemos a menos (si los ayuntamientos despues modifican sus tipos, claro)