De nuevo la violencia asociada a la propiedad de la tierra en Latinoamérica: ahora Panamá.

Todavía reciente el conflicto surgido en Paraguay, que dio lugar incluso a un cambio de gobierno, se producen de nuevo graves incidentes asociados a la propiedad de la tierra en América Latina, en este caso en Panamá.

Tras varios días de huelga y movilización en las calles, que dejaron tres muertos y graves perdidas económicas, el Parlamento panameño aprobó derogar la ley de ventas de tierras en la Zona Libre de Colón, que permitía su privatización. Esta Ley, conocida como Ley 72/2012, buscaba sanear la propiedad de un número importante de propiedades en una zona que constituye el corazón económico de Panamá, en un intento de introducir transparencia y seguridad jurídica, para facilitar con ello un mayor y mejor desarrollo de las inversiones en la  zona procedentes de capital panameño e internacional.

El diputado oficialista Hernán Delgado, de Cambio Democrático (CD), tras señalar que la norma se creó con el propósito de "solucionar los problemas sociales de Colón", reconoció que quienes tenían la responsabilidad de promover la ley "no la han sabido vender". Es decir, un nuevo caso de inadecuación entre los proyectos que loablemente buscan la reforma y mejora del sistema de la propiedad inmobiliaria,  y la imprescindible comunicación pública que necesariamente ha de acompañar este tipo de medidas, ignorando que ambas acciones han de tener la misma atención por parte de los responsables de la iniciativa, como tantas veces hemos explicado en diversos foros y seminarios sobre estrategias para implantación de este tipo de proyectos.

Como consecuencia, los valores positivos del proyecto se pierden y queda el populismo y la demagogia que han paralizado tantas y tantas reformas en América Latina: no es de extrañar que desde la oposición el mensaje lanzado señalase que "había un interés (del Gobierno) de vender las tierras para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres".

El resultado final es terrible: muertos, daños considerables y un retroceso a normas de 1.948, además de un considerable golpe a los importantes trabajos de saneamiento de la propiedad inmobiliaria que está intentando llevar a cabo la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), que lidera un importante proyecto de alcance internacional. Sin duda los responsables de esta institución deben adoptar importantes medidas en el ámbito de sus políticas de comunicación pública, si es que realmente quieren seguir adelante con las importantes e imprescindibles políticas de saneamiento de la propiedad inmobiliaria que Panamá necesita.

Puedes encontrar algunas noticias sobre el conflicto en los siguientes enlaces:

http://www.europapress.es/latam/panama/noticia-panama-martinelli-firma-derogacion-ley-72-privatizacion-zona-libre-colon-20121028215924.html
 

http://cnnespanol.cnn.com/2012/10/28/gobierno-de-panama-deroga-ley-de-venta-de-tierras-en-colon-que-propicio-fuertes-disturbios/

http://www.politicadigital.com.ar/internacionales/2785-panama-aprueba-derogar-ley-de-privatizacion

http://www.eluniversal.com/internacional/121027/protestas-sacuden-panama-por-ley-de-venta-de-tierras

 

Interesante mesa redonda sobe coordinación Catastro, Registro de la Propiedad, Notarios y Topógrafos en TOP CART 2012.

En el ámbito de las actividades que han tenido lugar en la X edición del TOPCART, que se desarrolló entre el 16 y el 19 de noviembre en Madrid, tuvo lugar el miércoles 17 una interesante mesa redonda sobre coordinación entre Catastro, Registro de la Propiedad y Notariado, y sobre el papel que los profesionales de la Topografía deben desempeñar dentro de dicho modelo.

Por parte de los Registradores de la Propiedad intervino Joaquín Delgado, César Belda representó a los notarios, Fernando Aragón a la Dirección General del Catastro, y Pedro Ortiz y Miguel Ángel Castilla al Colegio Nacional de Ingenieros Técnicos en Topografía. Además formó parte de la mesa Jesús Miranda Hita, en su condición de ex Director General del Catastro y experto en el objeto del debate.

La larga duración del debate,  la abundancia de temas tratados, y el peso de algunas de las manifestaciones realizadas en la mesa hace difícil realizar un resumen eficaz en estas pocas líneas, pero no me resisto a  incluir algunos comentarios de mi propia cosecha:

-Hay coincidencia plena en admitir que no existe en España un problema crítico con la propiedad inmobiliaria, ni alarma social o preocupación pública que impida o limite el desarrollo de cualquier actividad pública o privada por esta circunstancia. No obstante lo anterior, también existe coincidencia en que el modelo puede y debe ser mejorado

-Existe igualmente una absoluta necesidad de “desbrozar” y separar los distintos elementos que componen la cuestión como trabajo previo imprescindible a la presentación de cualquier propuesta de solución:

-Debe distinguirse entre cuestiones de alcance institucional, de aquellas otras de contenido estrictamente jurídico, así como de las asociadas a las metodologías y técnicas topográficas.

-Debe profundizarse en el análisis de las legislaciones catastral, notarial y registral, muchas veces contradictorias, anticuadas e inadecuadas para resolver el problema.

-Asimismo, deben revisarse en profundidad los procedimientos aplicados en los distintos entornos que integran el conflicto, asumiendo que el problema no es una cuestión de tecnología- existen múltiples respuestas posibles y contrastadas para abordar la solución desde el punto de vista tecnológico- sino de acuerdos institucionales.

-Todas las partes deberían ser conscientes del entorno económico y social en el que nos encontramos, sumamente propicio para poner en marcha reformas estructurales como las que requiere la solución del problema. Es evidente que estas reformas pasan previamente por el acuerdo, por lo que debería trabajarse activamente en él, creando los foros políticos y técnicos adecuados (grupos de trabajo, “libro blanco”, etc.). En todo caso, y esta es mi opinión personal, no será posible el acuerdo si no se reconocen por todas las partes los tres elementos básicos para que llegue a buen fin cualquier negociación: reconocer el conflicto, reconocer la existencia de las otras partes interesadas al máximo nivel en la solución, y finalmente, proponer alternativas que busquen mejorar la posición de todos, y no imponer una solución sobre un modelo ganadores/perdedores, que ha demostrado históricamente que no llegará a ninguna parte.

 

Cambio en la Dirección General del Catastro de España.

El Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre nombró nueva Directora General del Catastro a Belén Navarro Heras.

Nacida en 1968 en Bilbao, es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, y en Derecho por la UNED, y pertenece a los Cuerpos de Inspectores de Seguros del Estado y de Hacienda del Estado.

Especializada en Tributación Autonómica y Local, en el Ministerio de Hacienda fue subdirectora general adjunta de Tributos Locales, jefa de la Asesoría Tributaria del Secretario General de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria, y vocal asesora del Secretario General de Hacienda. En 2004 fue nombrada vocal del Tribunal Económico-Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, organismo cuya Presidencia desempeñaba actualmente.

Por qué la República Dominicana necesita urgentemente un buen catastro.

Es un hecho conocido que son muchas las naciones latinoamericanas en las que sería necesario que las autoridades responsables de las inversiones públicas dedicasen medios suficientes para darle un fuerte impulso a sus catastros, mejorando tanto la calidad de la propia información catastral, como los recursos y los procedimientos que utilizan las administraciones catastrales. Sin embargo, en algún caso en concreto, está necesidad se convierte en una auténtica urgencia.

Este es el caso actual de la República Dominicana. El nuevo gobierno que acaba de iniciar su mandato ha realizado una apuesta fuerte por la modernización del país. Para ello se guía por un modelo estratégico denominado Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se describen con precisión las líneas maestra en las que apoyarán los gobiernos dominicanos para impulsar el crecimiento económico y social del país.

Analizada en detalle la Estrategia Nacional de Desarrollo se identifican hasta 31 líneas básicas de desarrollo en numerosos ámbitos de actividad (tributos, ecología, economía, modernización, servicios, seguridad, etc.), cuya eficacia se vería claramente reforzada si estas iniciativas se apoyasen en una buena información catastral.

Pero existen dos iniciativas por las que el nuevo gobierno ha apostado muy fuertemente en estos días, y para las cuales un catastro no sólo sería conveniente, sino que es absolutamente necesario: nos referimos a la reforma tributaria y a la estrategia nacional para la titulación masiva de inmuebles.

No cabe definir una reforma tributaria real en la República Dominicana, sin poner sobre la mesa la tributación inmobiliaria.  Salvo El Salvador y Cuba, donde no existe el impuesto predial, no hay un país en Latinoamérica que tenga un nivel tan bajo de ingresos derivados de la tributación de los inmuebles, en relación con el Producto Bruto Interior. El impuesto a las viviendas suntuarias no cubre estos déficits, ni resuelve las necesidades de ingresos por vía de los impuestos propios de los municipios dominicanos. No me cabe ninguna duda de que es imprescindible en el momento actual crear un buen impuesto predial para la República Dominicana, sobre todo atendiendo a la situación creciente del potente mercado inmobiliario del país. Y para eso se necesita urgentemente un buen catastro.

Por lo que respecta al proyecto de titulación masiva de inmuebles, la urgencia y la necesidad de disponer de un buen catastro es igualmente evidente. ¿Cómo se va a otorgar un título de propiedad sobre un territorio del que no conocemos su superficie y linderos?. Todos los proyectos de titulación masiva que se han desarrollado con éxito se han basado en trabajos catastrales previos, que delimitan una a una las características de las parcelas que van a ser tituladas. Sin conocer el objeto del derecho (la parcela), es muy difícil construir con calidad el título que otorga el propio derecho. Por tanto, deberían las autoridades de la República Dominicana apoyarse en el Catastro para garantizar el éxito de un proyecto de tanta importancia y tan gran repercusión social.

De la “fotografía aérea” al “análisis inteligente de la información territorial”.

Las empresas y profesionales que desarrollan su actividad en la planificación y el desarrollo de proyectos que incluyen información territorial de precisión están viviendo un momento especialmente singular. El acceso cada vez mayor a determinadas tecnologías, que anteriormente eran de uso limitado, está dando la vuelta a los conceptos tradicionales, al tiempo que es cada vez mas frecuente escuchar expresiones como “análisis inteligente de la información territorial”, o términos equivalentes.

La idea de base es sencilla, y puede compararse con el mismo proceso que ha seguido el tratamiento digital de los documentos tradicionales. En este entorno se pasó de la mera captura como imagen del documento, generalmente en un pdf, a la integración directa en el sistema de toda la información que contiene ese documento, a través de la tecnología OCR. En el ámbito de la imagen del territorio, la evolución está siendo similar. Se trata ya no sólo de capturar una imagen aérea, como se había hecho tradicionalmente, sino de obtener de la forma más automatizada posible numerosa información descriptiva de ese territorio, la cual se integra directamente en nuestro GIS.

Bien sea a través de ortofotografías de muy alta resolución, de las ortofotografías oblicuas, de imagen infrarroja o ultravioleta, o de información capturada a través de cualquiera de los numerosos sensores que ya están disponibles para su utilización en el mismo vuelo,  lo cierto es que disponemos ya de herramientas que nos van a permitir ir más allá de la tradicional imagen aérea para obtener directamente información precisa de elementos tales como las dimensiones de las edificaciones, su aislamiento térmico, las características del suelo y la vegetación, los niveles alcanzados por determinados contaminantes, y otros muchos datos más, que son capturados e integrados en nuestro sistema de información automáticamente.

Estas herramientas son enormemente valiosas para agregar valor añadido a los vuelos que sea necesario realizar en todo proyecto que precise análisis del territorio, y también, y esto es especialmente importante en el momento actual, para reducir costes, puesto que su utilización permite suprimir o reducir actividades tradicionales, como por ejemplo la captura masiva de determinada información mediante numerosas brigadas o equipos de campo.

Puedes ver un video sobre estas nuevas tecnologías en: http://www.youtube.com/watch?v=iqi8PB0LpgU&list=UUZ0MHVDNjnM9tbyIVPsqzqQ&index=2&feature=plcp

 

Descuentos para facilitar con posterioridad el pago del impuesto predial cuando ya se ha superado ampliamente el plazo legal para hacerlo: ¿una mala práctica inevitable?.

En la prensa de hoy aparece la noticia de que se abre en el Estado de Tijuana (México) el plazo para que los deudores del impuesto predial y de otros derechos municipales puedan hacer efectivo el descuento del cien por ciento en multas y recargos, beneficio que concluye el 31 de agosto.

El recaudador de Rentas Municipal, Luis Javier Covarrubias Hays, explica en la información publicada que están preparados para atender a los ciudadanos que aprovecharán este decreto, que en septiembre garantiza un descuento del 80 por ciento en multas y recargos, del 60 por ciento en octubre, del 40 por ciento en noviembre y del 20 por ciento en diciembre.
La práctica de abrir periodos en los que se puede pagar el impuesto predial en fechas posteriores a las fijadas para ello, omitiendo los recargos y las multas por incumplimiento e incluso consiguiendo rebajas respecto al monto principal, está muy extendida en diversos países de Latinoamérica. Desde el punto de vista de la más estricta teoría tributaria, es una mala práctica en la gestión del impuesto, pues desincentiva el pago en el periodo legalmente previsto para ello, a sabiendas de que posteriormente podrá pagarse sin que ese comportamiento se vea prácticamente sancionado.

La realidad, explicada por los gestores de los tributos, es que este tipo de campañas abre una segunda oportunidad a partir de la cual los municipios pueden obtener unos ingresos por el impuesto predial que, de no abrirse, se perderían para siempre, dado que no existe en muchos países la práctica real de recaudar por vía ejecutiva la deuda tributaria, incluyendo recargos y sanciones y actuando para ello sobre el patrimonio del deudor e incluso afectando al propio inmueble sobre el que  se ha generado la deuda.

¿Cómo salir de este círculo vicioso?. ¿Cómo trasladar a los ciudadanos la importancia del pago en el periodo estrictamente fijado para ello?.

Puedes ver la noticia que se comenta en:

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2012/08/01/598995/condonaran-multas-del-predial-en-todo-agosto.aspx

Gestión del Catastro en Zaragoza: un ejemplo de cómo deben ahorrar las Administraciones Públicas.

En estos tiempos en que la gestión pública esta permanentemente afectada por decisiones de brocha gorda, muy alejadas de la profesionalidad que requeriría una eficiente dirección de las administraciones públicas, resulta muy gratificante ver como pueden obtenerse magníficos casos de éxito y mejora en la eficiencia, cuando los buenos profesionales se hacen cargo de los proyectos. Este es el caso de la Gerencia del Catastro de Zaragoza, que cuenta con algunos de los mejores directivos y funcionarios de todos los que componen la red de Gerencias de la Dirección General del Catastro.

En Zaragoza se esta desarrollando el proceso de actualización de valores catastrales que afecta a mas de  493.000 inmuebles. Para abordar el proceso de notificación de nuevos valores catastrales se había comprometido una cifra próxima a  1.431.000 €, dado el que el coste unitario de la carta certificada se sitúa en 2,90 €.

Pues bien, la suma del ahorro generado por la notificación multiinmueble (se notifican varios inmuebles en un  sólo documento y entrega) con las notificaciones electrónicas realizadas, ha permitido un ahorro sobre la previsión de coste inicial de más de 992.000 €.

Un ahorro muy significativo sin que se haya tenido que  suprimir ni reducir el servicio. No se ha dañado la seguridad jurídica, los ciudadanos han accedido a más información de la que se entrega en carta certificada ordinaria, y además se ha dado un impulso significativo a la administración electrónica, que en el Catastro no es un objetivo, sino una realidad.

En definitiva, una buena muestra de que la mejora de la eficiencia y el ahorro en la administración pública puede obtenerse sin dañar los servicios públicos. Pero para lograrlo ha de confiarse en los profesionales de la gestión pública, no ignorarlos.