En un reciente informe elaborado
por el BID sobre la situación de la vivienda en Latinoamérica se incluyen
algunos datos realmente llamativos. Veamos algunas cifras:
-Más de un tercio de las familias
(59 millones de personas) de la región habita en una casa en mal estado, construida con materiales precarios o carente
de servicios básicos. Esta situación es más negativa aquí que en otras regiones
del mundo con niveles de ingresos similares.
-La mayoría de los que cuentan
con electricidad, la obtienen de manera clandestina.
-Dos millones de familias, de los
tres que se forman o llegan cada año a las ciudades latinoamericanas, se ven
obligados a instalarse en viviendas informales.
-La mayoría de la población que
vive en las principales ciudades carece de medios económicos o de capacidad de
crédito para acceder a la vivienda más económica y con una mínima calidad que
ofrece el sector privado.
-Pese al crecimiento económico, y
atendiendo a las actuales políticas públicas en materia de vivienda, en los
próximos años se mantendrá esta situación, según el BID.
Ante esta situación, que
presumiblemente se prolongará durante un número importante de años, ¿qué deben
hacer los responsables de los catastros latinoamericanos?.
En varios foros y durante muchos
años he mantenido que ignorar esta situación e intentar mantenerla oculta –como
si realmente se pudiese ocultar- es una de las causas principales de que se
prolongue indefinidamente. Por ello, y como idea general, soy plenamente
partidario de catastrar la vivienda inadecuada y por supuesto también la
informal, circunstancias ambas que suelen coincidir. El único argumento que, a
mi juicio, justificaría no catastrarlas, sería la demostración de que estas
viviendas van a desaparecer a muy corto plazo, circunstancia que, como confirma
el BID en su informe, no se producirá.
¿Si existen favelas en Rio y
poblados chabolistas en Buenos Aires que llevan décadas existiendo, por qué no
integrar sus datos en un sistema de información básico como el Catastro, que
precisamente es una herramienta decisiva para conocer con detalle la situación
y permitirá adoptar decisiones para solventarla?. Lo que es evidente es que no
hacerlo, como ha ocurrido hasta ahora, no arregla nada.
Cuestión distinta, y con un
debate a otro nivel, es si deben tributar o no por el impuesto predial. Aquí si
que creo que la posición ha de matizarse. Obviamente, cobrar el impuesto
predial a los más pobres cuando no lo están pagando otros ciudadanos con más
capacidad económica, no tiene justificación. Por tanto, lo primero que ha de hacerse es asegurarse de que existe un nivel
adecuado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales por quienes están
obligados a ello. Pero una vez hecho esto, ¿debería incluirse en el padrón del
impuesto predial a quien es dueño o poseedor de una vivienda durante un largo
periodo de años, aunque esta vivienda sea informal o de construcción precaria?.
Mi respuesta a esta pregunta es
que si, pero siempre que se cumplan tres condiciones:
-Que la construcción, aunque
precaria, tenga una mínima estabilidad estructural. Una vivienda autoconstruida
con bloques de concreto puede durar
años. Obviamente, no parece adecuado hacer un levantamiento catastral de una
construcción que apenas se aguante en pie, pero si sería oportuno identificar
la parcela que ocupa y catalogar el área en su conjunto, dentro de la base de
datos catastral.
-Que la construcción acoja una
actividad humana estable, es decir, que exista y mantenga su función durante
años, poniendo especial énfasis en apreciar si esta situación se va a prolongar
durante un largo periodo de tiempo,
-Y finalmente, que reciba algún
tipo de servicio público, o sea susceptible de recibirlo.
Es evidente que la cuota que ha
de pagarse se ha de ajustar a la capacidad económica real del propietario u
ocupante, pero ha de emitirse el documento de cobro aunque esta cuota sea baja.
Pocos temas crean más conciencia de ciudadanía y provocan una mayor
aproximación entre el ciudadano y los servicios públicos, que el pago de este tipo
de impuestos sobre la propiedad. Una de las características de la marginalidad
y la pobreza es que no paga impuestos directos, con lo que se mantiene una
situación de degradación que, por un lado, anula la capacidad de reclamación de
los ciudadanos que viven en esta situación y por otro lado, se “tranquilizan” las conciencias de algunos
responsables políticos que se amparan en que como no pagan impuestos, tampoco
tienen derecho a reclamar servicios. Es imprescindible romper esta espiral que
sólo crea más marginalidad.
Un momento idóneo para avanzar en
la cultura del ciudadano/contribuyente, que paga sus impuestos y por eso exige
más servicios, es cuando se realiza un proceso de titulación masiva. En este
preciso momento el ciudadano mejora su capacidad económica, al convertirse en
propietario, y por tanto, es la ocasión adecuada para hacerle ver que todo
derecho comporta una obligación, y que ese título de propiedad también le
convierta en contribuyente, es decir en alguien que contribuye con el pago de
sus impuestos en el esfuerzo común del mantenimiento de los servicios
imprescindibles.
Fuente: BID 2012, publicado en el diario “EL Pais” de
15/5/2012.
