La incorporación al gobierno de
distintos Ayuntamientos de nuevos equipos políticos ha reabierto un debate que se encontraba latente. Aunque se tiende a resumir la cuestión con la
expresión periodística “IBI social”, en la práctica lo que se plantea es una situación de mayor alcance: ¿cómo establecer una relación más precisa y equilibrada entre la capacidad económica de los vecinos y las necesidades
financieras de los municipios españoles?.
En el fondo de la polémica subyace
la cada vez más clara constancia de que el modelo tributario municipal se ha
quedado anticuado. Para empezar, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se percibe cada
vez más como una herramienta extremadamente rígida, que permite muy poca
aproximación hacia modelos más modernos y justos, en los que ganen valor los
principios básicos de equidad tributaria y capacidad económica, que están en el
esqueleto del sistema fiscal. Cada vez es más cuestionable que los propietarios
de dos viviendas situadas en la misma ciudad con el mismo valor catastral soporten
la misma cuota en el IBI, ignorando la capacidad económica real de cada uno de
ellos.
Quienes defienden el modelo actual tienen buenos argumentos para hacerlo:
la simplicidad y el permanente crecimiento
de los ingresos por este tributo, son sin duda razones poderosas para “no tocar
lo que funciona”. Pero estas mismas cualidades son también su mayor debilidad.
En los últimos años la cuota del IBI se ha convertido para muchos ciudadanos en
un importante esfuerzo económico, en términos de percepción social. En muchos caso, incluso por encima del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Por otro lado, la reiterada
justificación de que un impuesto de carácter real no debería quedar “contaminado”
introduciendo componentes subjetivos propios del sujeto pasivo es cada vez más
débil. Como prueba de ello, basta con señalar que nadie critica, -todo lo
contrario-, la bonificación a favor de las familias numerosas establecida en el
art. 74.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Y si en el ámbito de los
impuestos la situación recomienda un cambio, cuando nos aproximamos a las tasas
y a los precios públicos que aplican los Ayuntamientos la situación ya parece
urgente. Son numerosos los Ayuntamientos
que cuentan con colecciones de tasas mal definidas y reguladas sobre esquemas
sumamente anticuados, y obteniendo una muy baja recaudación, si se atiende al
importante valor en términos económicos del hecho gravado. Un ejemplo puede valer
para apreciar esta situación: una gran ciudad española, situada entre las que más
visitas turísticas reciben, sólo define para la tasa por ocupación de vía
pública por terrazas (mesas y sillas) dos zonas (“zona extra” y “resto ciudad”)
y dos periodos temporales (temporada alta y temporada baja). Esos son todos los
criterios aplicados para categorizar la ciudad. No es de extrañar que esta
falta de aproximación a la realidad genere unos ingresos anuales por este
concepto sumamente bajos. ¿No se debería usar otros datos ya disponibles,
incluyendo los existentes en la propia página creada por el municipio para
desarrollar su política de “open data”, para definir con mucha más precisión el
hecho imponible y la cuota derivada de dichas ocupaciones de la vía pública?. ¿Cómo determinar con más precisión el valor de
uso del espacio público que es aprovechado de forma privativa obteniendo con
ello ingresos en algunos casos realmente importantes?.
Es necesario que los procedimientos
municipales de ingreso y gasto se adapten a las nuevas exigencias que demandan
una gestión económica más social y transparente, sin dañar la estabilidad
presupuestaria. Decisiones básicas, como “subir” o “bajar” el IBI a todos los
ciudadanos, ya no dan las respuestas adecuadas, al requerirse más precisión en
la toma de decisiones.
Para abordar la solución a estas
situaciones, es necesario implementar herramientas que apoyen la toma de
decisiones de política económica municipal, fortaleciendo los siguientes ámbitos:
-Trabajando con la mayor
información disponible: No olvidemos que cada acto municipal genera información
reutilizable para mejorar la gestión económica, y que existen multitud de bases
de datos públicas y privadas que pueden alimentar esta información.
-Integrando toda esa información:
Mediante tecnología que facilita el tratamiento de esas bases de datos,
estructuradas y no estructuradas, y su disponibilidad inmediata.
-“Territorializando” la gestión
económica municipal: Todo lo que genera gasto municipal o actividad tributaria
se realiza en algún sitio (territorio) y
vincula al menos a un sujeto (persona física o jurídica). La mayoría de los
tributos municipales son “territorializables”, puesto que se puede
geoposicionar sin dificultad el hecho
imponible y/o el sujeto pasivo. El modelo ya está descrito, y es aplicado con
éxito y plena seguridad jurídica desde hace años para la determinación del
valor catastral, que es el resultado de un proceso objetivo y claro de “territorialización”
de la capacidad económica.
-Generando fórmulas que faciliten
la compensación del incremento y
decremento del ingreso tributario, garantizando la estabilidad económica: Debe
ser factible incrementar o mantener la recaudación neta de un tributo sin que
la decisión a adoptar sea igual para todos. Se puede mantener o incrementar el
ingreso subiendo la cuota a determinados sujetos pasivos con mayor capacidad
económica, y reduciéndola a otros con menores ingresos.
-Estableciendo un modelo de
cobertura jurídica que proteja la toma de decisiones: Por ejemplo, estudiando
la posible aplicación de recientes decisiones judiciales respecto al recargo
del IBI sobre viviendas desocupadas, o generando mejores estudios económicos
(con más datos y mayor análisis) que soporten una aplicación más precisas de
determinadas tasas.
En relación directa con
esto, resulta oportuna una reflexión
sobre las iniciativas de “smart cities” y su aplicación a las áreas económicas
municipales. Tradicionalmente, las áreas de los Ayuntamientos encargadas de la
gestión económica y financiera han quedado fuera de los proyectos de “smart
city”, que apuestan por implantar nuevas tecnologías en la gestión de servicios
(alumbrado, tráfico, aparcamiento, mantenimiento de servicios, etc..). Es obvio
que, hasta el momento, la “cultura smart” se ha dirigido al gasto, no al
ingreso, privando a las áreas económicas de la aplicación de las posibilidades
que aportan las nuevas tecnologías.
La aplicación de nuevas
soluciones tecnológicas sobre los procedimientos municipales de ingreso y gasto
permiten una visión “smart”, más adaptada a las exigencias sociales. Se trata
de aplicar a la acción del área económica de los Ayuntamientos diversas
tecnologías que potenciarán su actividad, facilitando con ello que den
respuesta eficaz a los dos grandes principios que antes hemos descrito: gestión
“social” + sostenibilidad financiera, principios que a su vez enmarcan otras
ideas que se encuentran en la mesa del debate ciudadano y político: presupuesto
participativo, IBI social, transparencia en el gasto, tasas “verdes”,…
En concreto, la aplicación de
herramientas Big Data, conjuntamente con la implantación de un Sistema de
Información Geográfico Tributario (GIS tributario), han de ser las bases que
soporten este nuevo modelo, mediante el cual puedan desarrollarse actividades
reales de geoanalítica.
Asimismo, en el ámbito de la
gestión del gasto, deberían establecerse herramientas similares. No siempre se
adoptan decisiones de inversión en obras o servicios respondiendo a las
necesidades reales, o a las demandas concretas de los vecinos. Estas nuevas
tecnologías serían sumamente efectivas para aplicar modelos de gestión
presupuestaria participativa, sistemas de transparencia reales, etc..
