En América Latina, buena parte de las iniciativas que se están desarrollando asociadas a proyectos de Catastro se encuentran financiadas por el BID o el Banco Mundial, por su carácter de institución crítica para el desarrollo. En menor medida, algún proyecto cuenta también con apoyo de alguna entidad de cooperación de un tercer país. Muy raramente se descubren inversiones significativas procedentes de los propios recursos del país que va a beneficiarse de la riqueza de la información catastral.
En Grecia, parece que la Unión Europea contribuirá a la implantación y desarrollo del Catastro, después de que unánimemente los analistas coincidan en que la ausencia de esta institución forma parte significativa de la debilidad institucional del país, una de las causas de su actual situación económica.
En España, donde el Catastro se financia desde los Presupuestos Generales del Estado y donde la inversión en procesos de información catastral tiene unos retornos inmediatos realmente significativos, en términos de ingresos tributarios sostenidos, la reducción de los fondos asignados a la institución limita seriamente su desarrollo.
¿Cómo es posible que una institución como el Catastro, identificada como crítica para el desarrollo y el crecimiento económico, encuentre tantas dificultades para ver adecuadamente cubiertas sus necesidades financieras desde los propios presupuestos de cada país?. Si hay unanimidad en reconocer al Catastro como palanca para el desarrollo, como instrumento para salir de la crisis económica y como fuente de ingresos tributarios para los países, ¿por qué es tan frecuente que las necesidades financieras de los organismos gestores del Catastro se pongan detrás de otros gastos con impacto social y económico mucho menor?.
