Ni con toda la ilusión del mundo podía yo pensar, cuando
inicié la publicación de este blog en 2010, que cinco años después seguiría vivo y, lo que
es más valioso, con 70 “catastreros” siguiéndolo.
Gracias a todos.
miércoles, 29 de julio de 2015
lunes, 27 de julio de 2015
El nuevo intento de coordinación Catastro-Registro a través de la Ley 13/2015: Reflexiones sobre la reforma (1).
El Boletín Oficial del Estado de
25 de junio publicó finalmente la Ley por la que se reforman la Ley hipotecaria
y la Ley del Catastro. Como señalé en alguna entrada anterior, es un importante
nuevo intento para avanzar en la necesaria coordinación entre Catastro y
Registro de la Propiedad, e incluye avances realmente significativos cuya
aplicación efectiva supondría un auténtico salto adelante en esta asignatura
siempre pendiente en España. Es precisamente ahí, en la aplicación efectiva,
donde se definirá el éxito o el fracaso de la reforma. Han existido otros
textos legales que también lo intentaron, pero no lo consiguieron. Ahora, según
señalan algunos protagonistas de la negociación que ha dado lugar a este texto,
parece que “el clima es otro”, más proclive a lograr espacios de encuentro y a
buscar soluciones reales al viejo problema. Esperemos que sea así. Mientras
tanto, ahí van algunas reflexiones sobre la reforma, en distintas entregas,
para no hacer demasiado larga cada entrada.
-La “finca coordinada” como
base del modelo: El modelo de
coordinación buscado se cimenta sobre la idea de “finca coordinada”, expresión
que todos creemos entender pero que, lamentablemente, la reforma ha olvidado definir
adecuadamente. Esta es sin duda, mi mayor crítica al texto aprobado. El enorme
esfuerzo de redacción que se adivina tras la lectura de la Ley 13/2015 lleva
inmediatamente a preguntarse por qué no se definió con precisión el concepto de
“finca coordinada” dotándolo de una firmeza jurídica que ahora le falta. Y no
es válido remitirse al art. 45 de la Ley del Catastro, igualmente impreciso en
sus definiciones, además de fuertemente criticado por algunos profesionales de
la topografía, que ven excesiva la tolerancia en discrepancias de superficie hasta
el 10%, dada la precisión de las técnicas de medición actuales.
Es significativo, en este sentido,
que ante la ausencia de una auténtica definición la Ley describa ampliamente
los efectos de la coordinación, e incluso que establezca la obligación de
señalar esta situación en el Catastro (art. 3.1 Ley del Catastro).
Para aumentar esta falta de
precisión jurídica, los textos reformados introducen o mantienen conceptos aparentemente
relacionados, pero que obviamente no significan lo mismo: así, se habla de “identidad de la finca” (art. 45 LCI),
que en contra de lo que cabría interpretar
solo se refiere a un criterio de identificación pero no de coordinación, de “correspondencia
gráfica” (largamente citada en el art. 9.b LH), donde de forma muy similar se
reiteran los imprecisos conceptos del art. 45 de la Ley del Catastro citados, y
finalmente de “coordinación gráfica con Catastro”, que parece limitarse al
supuesto de la mera incorporación al folio real de la cartografía aportada en
la Certificación Catastral descriptiva y gráfica.
A tenor de lo anterior, y a salvo de futuras y
más precisas interpretaciones que sin duda se realizarán, puede existir “identidad”,
“correspondencia gráfica” e incluso “coordinación gráfica” entre parcela
catastral y finca registral, y sin embargo no ser posible o no existir
formalmente una “finca coordinada”. Entre otras causas, y además, porque ello
depende de una acción de calificación expresa que sólo corresponde al
Registrador.
Insisto, se ha perdido una
oportunidad magnífica de definir un concepto jurídico que será clave en la
implantación efectiva de la reforma. Parece que el legislador ha buscado más
coordinar cartografías, en una visión puramente instrumental, que coordinar
realmente la correcta descripción física de lo que constituye el ámbito real sobre
el que se manifiesta el derecho de propiedad sobre los inmuebles.
No se aporta una solución
definitiva al problema. La “finca coordinada” puede dejar de serlo: Mi segunda
gran crítica a la reforma proviene del propio marco institucional que ha
condicionado esta cuestión desde sus orígenes. En la Exposición de motivos de
la norma se señala expresamente que “la
finalidad de esta Ley es conseguir la deseable e inaplazable coordinación
Catastro-Registro”, así como que la
coordinación “es esencial para el
Registro (puesto que permite) determinar con mayor exactitud posible la porción
de terrenos sobre la que proyecta sus efectos”. Sin embargo, la propia
reforma deja ampliamente abierta la vía para la futura descoordinación, cuando
la fecha del documento por el que se ha incorporado la titularidad en el
Catastro sea posterior a la del título inscrito en el Registro (Art. 9.4 LCI),
o cuando el documento por el que se ha producido la incorporación al Catastro
de una descripción gráfica sea posterior a la coordinación (art. 11.3 LCI).
Además, se consolida el, a mi
juicio, siempre mal interpretado principio de autonomía de los registradores en
el ejercicio de su actividad, puesto que la lectura del texto deja abiertos resquicios que les permitirían ignorar la
reforma puesto que, y he aquí lo grave, el procedimiento de coordinación no es
obligatorio.
Es decir, que la Exposición de Motivos
es cuando menos imprecisa, puesto que el articulado no apoya sus mensaje ya que si se permite ignorar la coordinación, lo que hace suponer que el objeto de la
Ley no debe ser tan “esencial para el Registro”como se predica .
Por ahora nos detenemos aquí para
no resultar demasiado intensos. Seguiremos en una próxima entrada.
lunes, 22 de junio de 2015
¿Solución colombiana o solución española a las discrepancias entre el Catastro y el Registro de la Propiedad?: el tiempo dirá quien acierta.
Mientras que en España tarda en
publicarse, - no entiendo el motivo-, la Ley de reforma de la Ley Hipotecaria y
el Texto Refundido de la Ley del Catastro, en Colombia acaban de aprobar su
propia reforma legal con un objetivo similar: establecer un procedimiento que
permita solventar las discrepancias de datos físicos entre Catastro y Registro.
La diferencia es que en España vamos a una relación prolija y farragosa, de difícil
interpretación y, presumo, también que de difícil aplicación, mientras que en
Colombia han optado por un texto sencillo, simple y claro.
Veamos su contenido:
Artículo 105° de la Ley 1753, de 9 de junio de 2015, por la que se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Rectificación administrativa
de área y linderos. Modifíquese el parágrafo del artículo 65° de la Ley 1579 de
2012, el cual quedará así:
"Parágrafo. Cuando las autoridades catastrales competentes, en
desarrollo de la formación y/o actualización catastral rural y urbana bajo la
metodología de intervención por barrido predial masivo con enfoque
multipropósito, adviertan diferencias en los linderos y/o área de los predios
entre la información levantada en terreno y la que reposa en sus bases de datos
y/o registro público de la propiedad, procederán a rectificar dicha información
siempre y cuando los titulares del derecho de dominio del predio y sus
colindantes manifiesten pleno acuerdo respecto de los resultados de la corrección
y esta no afecte derechos de terceros o colinde con bienes imprescriptibles o
propiedad de entidades de derecho público, bienes de uso público, bienes
fiscales, bienes fiscales adjudicables o baldíos o cuya posesión, ocupación o
transferencia estén prohibidas o restringidas por normas constitucionales o
legales.
En esos casos, no existiendo conflicto entre los titulares y una vez
verificado por la correspondiente autoridad catastral que lo convenido por
ellos se ajusta a la realidad física encontrada en terreno, el Registrador de
Instrumentos Públicos rectificará conforme a ello la información de cabida y
linderos de los inmuebles que repose en sus folios de matrícula inmobiliaria,
sin que para ello se requiera de orden judicial.
El procedimiento para la corrección administrativa de linderos y área
por acuerdo escrito entre las partes, así como los eventos en los que no sea
aceptada, será objeto de reglamento por parte del Gobierno Nacional".
En definitiva un procedimiento sencillo y fácil de explicar, basado en el acuerdo entre interesados (incluyendo la protección del interés público) y colindantes, en la comprobación y posterior corrección catastral, y en la aceptación de ambas acciones por parte del Registrador, que rectifica a su vez los datos del Registro.
¿Tendrá más éxito esta solución que la que se ha diseñado en
España, y de la que daremos información en cuanto se publique la Ley?. ¿Será
que en Colombia el conflicto institucional no alcanza los niveles que existen
en España?. El tiempo lo dirá.
Mientras tanto recordemos que en la cultura de gestión de
los países anglosajones, cuando se plantea cómo resolver un problema sumamente complejo,
suele sugerirse al responsable de proponer la solución que “make it easy”, es
decir, que construya algo sencillo.
viernes, 12 de junio de 2015
El nuevo escenario político en Ayuntamientos y Diputaciones, ¿una oportunidad o una amenaza para el Catastro?.
El pasado 24 de mayo, concluida
la jornada electoral, se confirmaron la mayoría de los pronósticos. La entrada
de nuevos partidos con capacidad de gobernar o de decidir quién gobernará en
Ayuntamientos o Diputaciones ha provocado muchos y muy interesantes debates
sobre los cambios que se producirán, las estrategias políticas que se
aplicarán, y los servicios públicos que se desarrollarán, cambiarán o
desaparecerán como consecuencia de este nuevo escenario.
Visiones pesimistas que no
comparto predicen escenarios de parálisis administrativa, cuando no de desarme
de determinadas políticas, mientras que otros no menos alarmistas creen ver
inmediatos usos de los servicios públicos como armas arrojadizas contra
determinados sectores de la población, más o menos contrarios a la ideología
política del partido ganador.
En este debate no ha quedado
fuera ni el catastro ni su aplicación con mayor impacto social: el IBI.
El
debate ya viene desde la propia campaña. Como ejemplo, tras años de esfuerzo
para situar a Madrid en un nivel recaudatorio más propio de su condición, “Aguirre promete rebajar a la mitad el
Impuesto de Bienes Inmuebles”, (El País 4/5/2015), mientras que desde otra
opción política se presenta “El plan
justiciero de Manuela Carmena” (“El Mundo” 29/5/2015), iniciativa que
incluye tasas que «penalicen la acumulación de viviendas con fines
especulativos, en manos de grandes empresas, inmobiliarias y entidades
financieras», se reabre el tema del recargo a las viviendas desocupadas, se
estudia un gravamen para edificios y solares vacíos y negocios cerrados, y se
busca un IBI “lo más progresivo” que permita la ley, pero apuntado simultáneamente que «se han acabado
las subidas del IBI generalizadas”.
¿Este escenario perjudicará al Catastro en los próximos años, o por el contrario será una
palanca para potenciar su desarrollo?.
No me cabe ninguna duda que en
los próximos meses el Catastro –y por extensión el IBI- van a tener que
cambiar, como tampoco dudo en que este cambio será para mejor. La realidad
municipal se construirá sobre tres elementos igualmente relevantes desde el
punto de vista de gestión política: adaptabilidad de los servicios existentes a
las nuevas exigencias sociales (transparencia, participación, etc.),
discriminación positiva en función de nuevos criterios como el de “vulnerabilidad
social”, y capacidad financiera para llevar adelante todo ello sin olvidarse de
la deuda existente. En este escenario no es extraño que la que posiblemente
será nueva alcaldesa de Madrid haga coincidir en su mensaje que no habrá
subidas generalizadas del IBI, pero que este será más progresivo, en términos
sociales.
¿Cómo se hace más progresivo, en
términos subjetivos, un impuesto de carácter real como el IBI?. ¿Qué ocurre con un anciano cuyo único
ingreso es su pensión pública, pero que es propietario de una vivienda,
comprada tras años de esfuerzo, situada en una zona de gran valor de mercado y
con un alto valor catastral?. Simplificando al máximo, ¿este ciudadano es rico
o es pobre?. ¿Merece ayudas públicas,
como una bonificación en el impuesto, o
por el contrario debería pagar un IBI mayor en función del alto valor de su
vivienda?.
Estas cuestiones no son en
absoluto nuevas. Se plantearon, con mayor contundencia si cabe, durante el
famoso “Catastrazo”, y no tuvieron una fácil solución. ¿Debería el anciano
propietario vender su vivienda y trasladarse a otra más acorde con su capacidad
financiera actual, como se argumentó entonces en algún debate?. En términos de
lenguaje político actual, ¿esta propuesta no sería una forma indirecta de
desahucio sobre un ciudadano perteneciente a una capa social desfavorecida?.
Debates políticos aparte, lo
cierto es que la ejecución de estas propuestas va a necesitar más que nunca de
una gestión dinámica y creativa del Catastro. Se plantea, como una necesidad
inaplazable para una definición más precisa del IBI, la integración de la
información catastral con otras bases de datos de carácter social o económica, lo
que permitiría personalizar mucho más el impuesto, y en ese escenario
herramientas seguras de geo-analítica (Big Data) se van a hacer necesarias.
Igualmente, parece inaplazable la
reforma en profundidad del modelo de valoración catastral, cambiando la
posición reactiva actual, basada en seguir con años de demora al mercado, a una
actitud más proactiva, apostando fuertemente por el seguimiento en tiempo real
del mercado y poniendo en marcha las posibilidades predictivas que facilita
toda la riqueza de la base de datos catastral.
En definitiva, en mi opinión llegan
tiempos de oportunidad y de cambios para el Catastro, y si se sabe aprovechar
la corriente, la institución puede salir de estos cambios muy fortalecida.
miércoles, 20 de mayo de 2015
La propuesta de creación del Registro Topográfico Nacional de Lindes, en España.
El pasado 13 de mayo el diario
digital El Economista.es publicó un artículo de Alberto Antón Merino titulado “España,
a la cola europea en el deslinde de la propiedad inmobiliaria”. Puedes encontrar el artículo en
el siguiente enlace:
Aunque puedo compartir la descripción
general que se plantea en lo referente a la actual situación de la coordinación
entre Catastro y Registro en España, entiendo que en algún caso se hacen
interpretaciones erróneas y excesivamente críticas, como cuando se señala que “…en
España no existe la obligación de inscribir la propiedad inmobiliaria y porque
ningún organismo público tiene como objetivo delimitar y definir los límites de
las propiedades de forma exacta y fiel. Ni el Catastro, que tiene una función
fundamentalmente fiscal, ni los notarios, que otorgan validez a las
transacciones, ni el Registro de la Propiedad, que otorga fe pública en
relación a la titularidad y a los derechos reales, tienen como objetivo la
delimitación exacta de la propiedad inmobiliaria.”
En mi opinión, el enfoque sería
exactamente el contrario: Catastro, Registro de la Propiedad y Notarios tienen
como objetivo específico y obligación legal –en el caso del Catastro, además de
forma expresa- la delimitación exacta de la propiedad inmobiliaria. Otra
cuestión es que, por distintas razones, muchas de las cuales ya han sido
comentadas en otras entradas de este blog, este objetivo no se alcanza
adecuadamente.
El artículo citado se publica,
probablemente no por accidente, coincidiendo con la adopción, el día 11 del
mismo mes, de un acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en Topografía y Graduados en Ingeniería Geomática y
Topografía, por el que se aprobó el proyecto de creación del RTNL (Registro
Topográfico Nacional de Lindes) en el ámbito de la propiedad.
Según se explica en el acuerdo,
el RTNL permitirá el acceso a una base de datos georreferenciada que
identifique de forma única los límites de la propiedad, base de datos que se
constituirá como repositorio de los trabajos tradicionales desarrollados por
los Colegiados, consistentes en el levantamiento topográfico, deslinde y posterior
amojonamiento, lo que permitirá delimitar de forma exacta sobre el terreno, la porción
del territorio perteneciente a distintos propietarios.
Los objetivos de la iniciativa no
pueden ser más positivos: se busca la reducción de la conflictividad asociada a
la falta de identificación precisa de los límites de propiedad, delimitar la separación entre el dominio
público y el privado, y crear una base de datos georreferenciada que
identifique de forma única los límites de la propiedad en España, con el objetivo
de que en un futuro no muy lejano, se convierta en un referente del sector.
La gran debilidad de la
iniciativa, sin embargo, está en el alcance jurídico que se quiere dar al
contenido de este Registro de Lindes, que nace fuera del marco de la acción
pública y como una iniciativa totalmente privada. Aunque se contase con la autorización expresa
del propietario y los colindantes, ¿qué se pretende conseguir con esta
iniciativa?. Entiendo que los promotores
de la misma no pretenden, -sería un enfoque equivocado-, sustituir ni al Registro de la Propiedad ni al Catastro,
con funciones públicas y procedimientos legalmente definidos. La información
contenida en este Registro no tendrá la presunción de validez jurídica de los
datos catastrales, ni el valor legal de la publicidad que otorga el Registro.
¿Cuál será entonces su función, más allá de la que ya cumple en la actualidad
un levantamiento topográfico realizado por un topógrafo colegiado, como
documento técnico y pericial de valía indudable?.
Entiendo la voluntad de la
iniciativa y comparto con algunos topógrafos amigos y grandes “catastreros” la
profunda insatisfacción que crea la situación actual de descoordinación entre
el Catastro y el Registro, que en algunos casos podría ser hasta desesperante,
a la vista de como los sucesivos intentos desarrollados durante décadas han
sido incapaces de solventar la situación.
Quizás ahora, con el proyecto de
Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria y la Ley del Catastro, actualmente en el
Senado, se abra una nueva oportunidad que produzca mejores frutos en lo que se
refiere a la coordinación, y se generen procedimiento reales que pongan en
correcta relación el hecho (la superficie y linderos de las fincas) con el
derecho.
Mientras tanto, los representantes
del Colegio de topógrafos están obligados a explicar mejor esta iniciativa a la
sociedad, especialmente para despejar cualquier duda y anular las críticas de
quienes pueden ver en el Registro Topográfico Nacional de Lindes no una
solución al problema, sino un elemento más de confusión.
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Con posterioridad a esta entrada
Miguel Ángel Castilla, un magnífico topógrafo y un gran “catastrero” con muchos
años de experiencia en Catastro, me ha hecho llegar su punto de vista, en parte
discrepante con mis aportaciones. Por el interés de sus opiniones, y contando
con su autorización, a continuación se recogen sus comentarios:
“Con cierto asombro leo lo que sobre
el Registro Topográfico Nacional de Lindes, (RTNL) escribe Ignacio Durán,
otrora mi superior jerárquico con importantes responsabilidades públicas en el
ámbito del Catastro, bajo cuyo mandato se aprobaron importantes normas entre
las que destacan el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y el Reglamento que
lo desarrolla. Es sin duda alguna, gran conocedor y experto en la materia y sus
pronunciamientos son para muchos de nosotros un referente importante.
Esta vez y sin que sirva de
precedente, siento discrepar de sus postulados. Soy de los que piensan y así lo
he expresado en público en más de una ocasión, que ni el Catastro ni el Registro de la Propiedad nacieron con
la finalidad expresa de definir de una forma rigurosa y precisa la propiedad
inmobiliaria, y hoy por hoy, mal que nos pese, sigue siendo así, a pesar
del gran esfuerzo realizado por la Administración del Estado para tener un Catastro
moderno y multidisciplinar para usos no exclusivamente tributarios.
Es precisamente esa función
multidisciplinar o multipropósito, lo que le impide ser un Catastro
rigurosamente preciso en el aspecto geométrico (el que es conocedor de todo es especialista de nada). Basta con
asomarse a su Sede Electrónica para comprobar este extremo, me refiero a la falta
de coincidencia del parcelario catastral con el parcelario aparente de la ortofoto
(¡ojo! no hay que confundir el parcelario
aparente con el parcelario catastral!). No porque no quiera, sino porque
ello conllevaría un elevadísimo coste inasumible para el erario público y
desproporcionado para los fines que persigue, razón por la cual esta función ha
de recaer sobre agentes externos, que con sus actuaciones y su pericia,
corrijan y perfeccionen la cartografía y parcelario catastrales. De esta forma,
poco a poco, se irá consiguiendo un Catastro cada vez más preciso, riguroso y
concordante con la realidad en lo que a sus características físicas se refiere.
En cuanto a la otra institución
que interviene con gran protagonismo en el ámbito de la propiedad inmobiliaria
-el Registro de la Propiedad
(RP)- sucede algo peor que con el Catastro, pues siendo el garante del derecho,
ciertamente otorga derechos pero sobre objetos territoriales inciertos, sobre
todo en el ámbito rústico toda vez que sus descripciones literales derivan en ocasiones
en fincas registrales imposibles de ubicar, cuando no de encontrar, o en dobles
o múltiples inmatriculaciones, o en excesos y defectos de cabida, etc. Esto se
pone de manifiesto cuando en los títulos de propiedad y en el RP, no se aporta
o asienta la referencia catastral, ello a pesar de que la Ley 13/1996 en su art. 50 y
sucesivos lo hace obligatorio, y no es por contravenirla, sino que es debido a la imposibilidad de discernir si esa
finca que se describe en el título y Registro se corresponde con esa u otra
parcela catastral.
Dicho lo cual creemos que el RTNL,
sin tener el respaldo jurídico que debiera tener como bien dices y en tanto así
sea, servirá como complemento de excepcional valor, para que tanto Notarios, como
Registradores y Catastro, lo utilicen a sabiendas de que lo que en él se
expresa, es fiel reflejo de la voluntad de las partes (no ante un fedatario sino ante un perito actuante sobre el terreno,
cosa que normalmente no hacen aquellos), descrita de forma numérica e
indubitada, permanente y replanteable sin ambigüedades en el transcurso del
tiempo. No queremos los Topógrafos sustituir a los agentes jurídicos, ¡Dios nos
libre! ¡ni añadir más confusión!, antes al contrario, queremos ser los mejores
colaboradores de aquellos y aportar luz donde ahora hay sombras.
Hay que darse cuenta igualmente
que el Convenio firmado entre la
DGC y el COITT da pie a que mediante actuaciones entre partes
en el ámbito privado, se realicen alteraciones de parcelas catastrales que van
a acabar en el RP como una inmatriculación o como una corrección de su cabida
superior al 5% (singularidad nunca
entendida por este que suscribe) que permite la LH para rectificaciones de
cabida registral con la simple manifestación del titular registral, aunque una
sola vez obviamente.
Creemos sinceramente que esta
reforma de la Ley Hipotecaria
Argumentar que nuestras
peticiones ralentizarían el tráfico inmobiliario nos parece una excusa trivial
y exenta de rigor (hay más de 5.000 profesionales de la Ingeniería Topográfica
frente los 1.200 Registros de la
Propiedad aproximadamente) que darían cumplida respuesta a
las necesidades del mercado inmobiliario, aportando
muchísima mayor seguridad jurídica y un valor añadido excepcional. No
obstante lo cual, el legislador se plegará a las directrices que le lleguen y
la aritmética parlamentaria hará que se apruebe aquello que quiere solo una
minoría.
Cerrar los ojos a esta realidad,
es un error querido Ignacio.”
jueves, 30 de abril de 2015
Tres tendencias que impondrán cambios en la gestión de los Catastros.
En el ámbito de la gestión
pública siempre está presente el debate entre innovación tecnológica y
protección de los derechos de los ciudadanos. Como si se tratase de ideas
contrapuestas, algunas posiciones extremas observan las novedades que está
aportando la tecnología como amenazas a los valores básicos de la gestión
pública (seguridad jurídica, principio de legalidad, etc. ..), mientras que en
la posición contraria encontramos quien pone la tecnología por delante de otros
valores, y critica la gestión pública por poco ágil o inadaptada a las nuevas herramientas
TI. Como casi siempre, parece que en el término medio es donde está la solución.
Desde esta posición intermedia, y
sin renunciar a los principios de garantía que deben regir la acción pública,
creo no obstante importante señalar tres tendencias tecnológicas, en desarrollo
creciente, que a mi juicio van a acabar produciendo modificaciones en la forma
de gestionar los catastros.
Crowdsourcing, o gestión
participativa: La capacidad que nos aportan smartphones y tablets, incluyendo las cámaras que incorporan, dará lugar en poco tiempo
a la aparición de procedimientos administrativos 100%
digitales que serán utilizados por los ciudadanos para formular declaraciones,
presentar recursos y realizar otros trámites ante el Catastro. Se trata de un paso más sobre la idea,
ya “digerida” en muchas estrategias de distintos Gobiernos, de que vamos a servicios creados sobre el principio de “digital as default”, es decir, que los
servicios que presten las Administraciones a los ciudadanos serán, en primer término
y salvo excepción justificada, sobre un modelo de gobierno electrónico. Por
tanto, creo que es ya el momento en que
se vayan diseñando los procedimientos administrativos,- incluyendo las
modificaciones legales que puedan ser necesarias-, conforme a los cuales los
ciudadanos podrán colaborar en el mantenimiento de la información catastral a
través de su dispositivos móviles, cumpliendo con ello además sus obligaciones
legales.
Sin duda así lo ven los
responsables del catastro holandés, cuando han planteado recientemente un
proyecto de colaboración con sus colegas colombianos para integrar el móvil en
los procesos de mantenimiento del Catastro en aquel país.
Plena disponibilidad de la
información catastral, que deberá ser “enriquecida”: Parece que ya es la hora en que los
responsables de los catastros pongan a disposición de la sociedad toda la
información de la que disponen, - cartográfica y alfanumérica-, y no solo aquella
que tradicionalmente se ha considerado interesante. En las bases de datos de
los catastros hay multitud de datos descriptivos de edificios y parcelas
rurales que están subutilizados por la sociedad, porque no se puede acceder fácilmente
a ellos. Y la facilidad a la que me refiero no se limita sólo a un servicio de descarga
masiva, como ya existe por ejemplo, en el Catastro español, sino a la clara
implementación de una línea divulgativa orientada a dar a conocer la existencia
de esta información, en primer término, y ponerla en manos de los usuario, inmediatamente
después.
Y además, debería ser también tarea
de las oficinas de Catastro generar procesos que “enriquecieran” esta
información, agregándole mayor valor, combinando esta información con otra
disponible. En España, por ejemplo, serían muy bien recibidos por muchas PYMES productos
que integrarán ya los datos del Catastro con los del Instituto Nacional de
Estadística, datos que sólo personas muy expertas saben “mezclar”
correctamente. Si creemos en el concepto de “geomárketing”, sería bueno dar
pasos para apoyar su desarrollo.
Y finalmente, el Geo-a-aS (Geo
as a service), o el nuevo papel de los catastros como suministradores de información
elaborada a ciudadanos y empresas: en una entrada del pasado 13 de enero titulada
“Geo-as-a-Service (GeoaaS) y la necesaria
redefinición de los roles asignados en los modelos de Reutilización de la
Información del Sector Público (RISP)”, ya detallé mi opinión sobre este
nuevo escenario, y no voy a repetirme. Únicamente señalar que cada vez son más
demandados servicios GIS por PYMES y ciudadanos que no tienen, ni probablemente
quieren, invertir dinero en adquirir equipos y licencias, ni contratar expertos
en estas tecnologías, pero que si desearían poder utilizar herramientas de geoanalitycs, o representaciones
dinámicas de datos sobre el territorio (que incluyen el componente temporal) que son realmente útiles para su actividad o negocio.
Los datos Catastrales son imprescindibles para ofrecer estos servicios con la mejor calidad posible, por lo que
parecería lógico que sea el Catastro quien los hiciera en primer término.
Como vengo señalando en distintas intervenciones, creo que la tecnología ya
disponible permite definir un nuevo marco para las políticas que favorecen la
reutilización de la información del sector público, en las que las
Administraciones Públicas ya no deberían jugar tan sólo el papel de meros
suministradores de información en bruto.
lunes, 30 de marzo de 2015
¡Por fin una Oferta de Empleo Público que considera (al menos parcialmente) las necesidades de personal de la Dirección General del Catastro!.
En el Boletín Oficial del Estado
del pasado lunes 23 de marzo se publica
el Real Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año
2015. Por primera vez, después de años de auténtica “sequía” en lo que a nuevo personal
se refiere, la Oferta de Empleo incluye algunas cifras importantes respecto al
número de plazas, tanto de nuevo ingreso como
de promoción interna, que se cubrirán el presente año.
La situación en los cuadros
técnicos de la Dirección General del Catastro, especialmente en lo referente a
la estructura territorial de las Gerencias, es crítica. La pérdida constante de
efectivos, fundamentalmente por jubilación, y la ausencia de políticas de
reposición, mantenidas como consecuencia de la crisis, ha hecho que sean muchas
las Gerencias Regionales y Territoriales del Catastro en las que no existe un
cuadro suficiente de Arquitectos e Ingenieros, Superiores y Técnicos, así como
de Técnicos Catastrales. Si además tenemos en cuenta que en los últimos años estos
profesionales se han visto sobrecargados en sus tareas con funciones de
atención a las Oficinas Técnicas de la Dirección General de Patrimonio, o a los
Jurados de Expropiación Forzosa, la situación se convierte en insostenible.
En diversas ocasiones he
defendido el importante papel que realizan los funcionarios del Catastro como
auténticos agentes vertebradores y cohesionadores del modelo territorial descrito
en la Constitución, demostrando con su tarea diaria y su profundo conocimiento
de la realidad urbana y rural de los municipios que no es cierto ese tópico que
describe un desconocimiento del país por parte de la Administración General del
Estado. A lo largo de mi actividad profesional han sido muchas las ocasiones en
las que ha quedado de manifiesto cómo el territorio o el mercado inmobiliario eran mejor conocidos por los Arquitectos e
Ingenieros del Catastro que por los técnicos al servicio de municipios o Comunidades
Autónomas, e incluso que por los mismos políticos responsables de estas
Administraciones.
Este profundo conocimiento del
territorio se había ido perdiendo en los últimos años con la política de
austeridad y la ausencia de reposición de efectivos, lo que propició que, en el
momento actual, sean muchas las Gerencias del Catastro donde la ausencia de estos
profesionales ha llegado a ser dramática. Hasta el punto de que el propio
modelo de mantenimiento del Catastro hoy vigente, basado en un alto nivel de
participación de los municipios en la tramitación de los principales
expedientes destinados a la actualización, bajo el control de las Gerencias, no
siempre se está desarrollando con el debido rigor por falta de medios. En el
mismo sentido, los trabajos críticos de elaboración de Ponencias o de
aplicación de la acción inspectora, se habían visto dañados por la ausencia de
profesionales encargados de su gestión.
Finalmente, y a tenor de las cifras que se publican en el
Real Decreto 196/2015, parece que la situación comienza a cambiar. Por fin
aparecen en el Diario Oficial unas cifras de efectivos que permiten apreciar un
cambio respecto a situaciones anteriores, y una voluntad de recuperar los
efectivos perdidos. Es cierto que con estas cifras no se cubrirán todas las necesidades
actuales, pero también lo es que es que ofrecen un cambio sustancial respecto a
anteriores convocatorias.
En las siguientes tablas se puede
ver el número de plazas convocadas para cada uno de los cuerpos que
habitualmente prestan servicios en el Catastro:
|
NUEVO
INGRESO
|
|
|
Cuerpo
|
Nº de
plazas
|
|
Arquitectos de la Hacienda Pública
|
39
|
|
Arquitectos Técnicos de la Hacienda Pública
|
24
|
|
Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública
|
10
|
|
Ingenieros Técnicos Forestales de la Hacienda Pública
|
4
|
|
Cuerpo Superior de Gestión Catastral
|
14
|
|
Cuerpo Técnico de Gestión Catastral
|
6
|
|
PROMOCIÓN INTERNA
|
|
|
Cuerpo
|
Nº de
plazas
|
|
Arquitectos Técnicos de la Hacienda Pública
|
4
|
|
Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública
|
4
|
|
Cuerpo Superior de Gestión Catastral
|
8
|
|
Cuerpo Técnico de Gestión Catastral
|
8
|
Asimismo, es posible que alguna
de las plazas tanto de nuevo ingreso como de promoción interna previstas para
los cuerpos de Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Geógrafos, Ingenieros Técnicos
en Topografía, Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, Gestión de
sistemas e Informática, así como de los Cuerpos Generales Administrativo y
Auxiliar del Estado, acaben también prestando servicios en las Gerencias del
Catastro.
Ahora sólo cabe esperar una
rápida gestión de los procesos selectivos que se han de desarrollar para los
distintos cuerpos, con el fin de que los nuevos funcionarios se integren en las
Gerencias, debidamente formados, a la mayor velocidad posible.
Puedes ver el contenido íntegro
de la Oferta Pública de Empleo en:
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