30 años del catastrazo.

 

Si en España tuviéramos buenos institutos y escuelas de gestión pública, como las hay en otros países europeos, el “caso del Catastrazo” sería materia de estudio obligada. Muy pocas veces puede identificarse en la historia reciente una cuestión pública que haya generado tanto debate en su momento, y que a la vez cuente con todos los matices imaginables en cualquier proyecto transformador de gobierno: subida de impuestos, problemas legales, reforma institucional, actualización de una gigantesca base de datos territorial, transformación digital, etc. Y además, inadecuada comunicación, fuerte respuesta social, oposición en medios de comunicación, agrio debate político y, sobre todo ello, un “thriller” político dentro del propio Gobierno, entonces presidido por Felipe González, en el que “guerristas” y “solchaguistas”, actuando como auténticos montescos y capuletos, hicieron del proyecto la mejor arma con la que atacar al contrario.

El 28 de noviembre de 1990 puede ser la mejor referencia para fechar el catastrazo, aunque como proyecto técnico se iniciase dos años atrás. Ese día el Ministerio de Economía y Hacienda anuncia la anulación de millones de notificaciones ya realizadas con los nuevos valores catastrales, decisión que se materializaría en la Ley de Presupuestos Generales para 1991. Días antes, el 21 de noviembre, el diario El País, en un editorial con el impactante título de “Catástrofe”, que juega con la similitud fonética con la palabra Catastro, se posiciona claramente en contra del proyecto, y abre la vía que siguen multitud de medios, con la misma posición.

Usando los mínimos caracteres, el proyecto a desarrollar podía resumirse en tres ideas: un mercado inmobiliario “opaco”, actualización de la información de todos los inmuebles y de sus valores catastrales hasta situarlos al 70% del valor de mercado, y todo ello realizado simultáneamente y en muy poco tiempo.  Cualquiera que tenga una mínima experiencia en gestión pública llegará pronto a entender la enorme complejidad para llevar cabo estas tres ideas tan simplemente enunciadas, y las múltiples repercusiones de todo tipo que un proyecto de estas características iba a producir, como ciertamente ocurrió.

Como en toda buena gran producción cinematográfica, el proyecto contaba con actores principales, y un número mayor de secundarios. Empezando por una vez por estos últimos, el proyecto movilizó a todo el personal de los más de sesenta organismos autónomos que gestionaban entonces el Catastro, en una estructura de dispersión provincial absolutamente ineficiente, y al frente de los cuales se puso a una generación de jóvenes funcionarios, yo entre ellos, con un alto nivel de compromiso y unas profundas ganas de cambiar la Administración. Fueron ellos con los equipos técnicos que dirigían, junto con muchos funcionarios municipales y los trabajadores de numerosas empresas, quienes lograron alcanzar la parte exitosa del proyecto: transformar profundamente el Catastro, sacándolo de las cuevas de un olvido administrativo de décadas. Olvido que no debe considerarse como algo casual, sino como el resultado de una cultura centenaria de mercados inmobiliarios opacos, que impusieron intencionadamente un Catastro raquítico e incapaz de generar la transparencia que pudiera amenazar al sistema.

Pero volvamos a los actores principales. Al frente, Carlos Solchaga, Ministro de Economía y Hacienda, acompañado de José Borrell, Secretario de Estado de Hacienda, y de su hombre de confianza en la operación, Javier Russinés, Director General del Catastro. Reconozco tanto en Borrell como en Russinés dos grandes aportaciones al proyecto. En primer lugar, una buena visión estratégica que les permitió diagnosticar bien el problema, impulsando numerosas medidas para ponerlo en marcha: amplia dotación económica, renovación generacional y técnica de los recursos humanos, desarrollo de un gran proyecto de trasformación digital, e importantes reformas institucionales, refundando con ello el Catastro y consolidándolo como una institución bien dotada.

Además, y como segunda cualidad, debo reconocerles también una gran capacidad de liderazgo de personas y equipos. Quienes hemos hecho de la función pública nuestra profesión y del servicio a los ciudadanos nuestra vocación, valoramos en gran medida a los responsables políticos que ejercen un liderazgo claro en las instituciones en las que servimos. El liderazgo es visión, apoyo y estímulo, pero también compromiso personal en el proyecto, valores estos que lamentablemente no son todo lo frecuentes que sería deseable en algunos líderes políticos.

Pero reconociendo los valores anteriores, tanto el entonces Secretario de Estado como el Director General del Catastro no alcanzaron el mismo nivel en otra capacidad  igualmente imprescindible, como se demostró a lo largo de la crisis: la gestión táctica del proyecto. De esta forma el catastrazo fue un claro ejemplo del jacobinismo que en ocasiones apareció en la “forma de hacer” de Borrell. Siendo positivos los diagnósticos y los objetivos, la actitud para defenderlos e imponerlos, la intransigencia doctrinal, y un puritanismo llevado hasta el extremo de no admitir soluciones intermedias, aplazamientos o modificaciones en el diseño original fueron, a mi juicio, las causas fundamentales del catastrazo.

Son varios los elementos que demostraron esta “falta de cintura” en el despliegue del proyecto. Los resultados técnicos alcanzados a finales de 1990 aportaban indicadores positivos, tanto sobre el número de inmuebles ocultos detectados, como a los objetivos relativos a los millones de inmuebles cuyos datos debían ser revisados y valorados de nuevo, así como respecto a las campañas de notificación de estos valores catastrales, que debían concluir en el mes de diciembre para que pudieran tener efectos fiscales en 1991.  Sin embargo, los resultados técnicos y operativos no fueron acompañados de una buena gestión política del proyecto, y ello por diversos motivos.

En primer lugar, porque no se logró un mínimo acuerdo con los demás partidos políticos para llevar a cabo una operación de estas características, lo que llevo al enfrentamiento y al traslado del debate a la opinión pública, dando lugar a la fuerte oposición conocida. Pero, además, esta insuficiente gestión política impidió lograr temas tan críticos como una reforma urgente de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para cubrir algunas graves lagunas legislativas, o un mínimo acuerdo con la FEMP, entonces con una fuerte presencia de alcaldes socialistas, y presidida por Tomás Rodríguez Bolaños, Alcalde de Zaragoza, quien se dirigió por carta a Solchaga mostrando su oposición al proyecto y exigiendo su paralización.

En segundo lugar, fue también muy desafortunado el diseño de toda la estrategia de comunicación. La fuerte campaña publicitaria desarrollada en todos los formatos y medios, incluidos “los eróticos anuncios de televisión en los que una especie de cinta métrica y sensual enlazaba los edificios”, como los describió Cándido en su columna de la revista Tiempo, fue un ejemplo de cómo alarmar y no informar usando medios publicitarios, ignorando que se trataba de una cuestión altamente sensible como lo son las reformas tributarias. Además, se descuidó incomprensiblemente la información que de forma individual se hacía llegar al domicilio de cada contribuyente a través de la notificación legal preceptiva, en la que se le informaba de la subida del valor catastral, pero no del impacto de esta subida en los distintos tributos. Como consecuencia, el contribuyente era informado de que su valor catastral iba a ser multiplicado, pero no se añadía ninguna información adicional, por lo que era previsible que llegará a la conclusión de que sus impuestos se multiplicarían en la misma proporción, cuestión que no era cierta.

Finalmente, fue muy negativo meter el proyecto de actualización de los valores catastrales en el debate entre “solchaguistas” y “guerristas”, al que antes me referí, al llevar la cuestión a un plano de enfrentamiento dentro del Gobierno que nada tenía que ver con los objetivos positivos de mayor transparencia fiscal y mejora de la capacidad económica de los municipios, y que impidió dar soluciones técnicas a los problemas surgidos. En este contexto, una desafortunada coincidencia contribuyó a agravar la cuestión. La incomprensible imposición por Margaret Thatcher de la “poll tax”, un tributo de diseño medieval por el que pagaba lo mismo un Lord y su chofer, según describió gráficamente la prensa británica, ignorando los más elementales principios de capacidad económica, propició fuertes revueltas en el país y fue una de las causas de la caída de la primera ministra. Nada tenía que ver, desde la más estricta técnica fiscal, esa tosca “poll tax” con la asignación de un nuevo valor para cada inmueble, acorde con las diferencias de valor de mercado de los mismos, pero estos son argumentos que no pesan cuando la conflictividad social es evidente. La crisis política estaba servida, y nadie quería seguir el camino de la Thatcher, lo que obligaba a parar el proyecto y buscar culpables. La situación la describieron magistralmente Gallego & Rey en una viñeta publicada el 28 de noviembre en Diario16: en la primera imagen Margaret Thatcher apunta sobre su sien un revolver en cuyo cañón aparece la palabra “poll tax”. En la segunda, un asustado Felipe González sujeta con miedo entre los dedos otro revolver con la palabra “catastro”. Finalmente, en la tercera viñeta un sonriente Felipe González dispara contra Solchaga el revolver, quedando este chamuscado y con cara de un más que evidente enfado. En esta misma línea, la crisis de gobierno se muestra en una viñeta de Ramón publicada el 30 de noviembre en el diario Ya, en la que Felipe González pregunta a un sonriente Alfonso Guerra: “¿Te das cuenta Alfonso?, si nos descuidamos, el gobierno aprueba la subida catastral”.

Pero sería injusto cerrar este precipitado análisis del “caso del Catastrazo” sólo destacando los componentes negativos del proyecto, que llevaron a que no se lograse el objetivo político: la actualización de los valores catastrales. Hubo también muchas y muy positivas consecuencias del proyecto que me llevan a afirmar que, sin duda alguna, el esfuerzo mereció la pena.

La inversión realizada, la reforma institucional, la renovación de los equipos humanos, y los demás esfuerzos aplicados a renovar el Catastro dieron también sus frutos. Se digitalizó la institución, respondiendo a una necesidades urgentes para dotarla de una capacidad informática imprescindible, se desarrollaron nuevos procedimiento para la mejora de la gestión, se actualizó la normativa vigente, se incrementaron los estudios de mercado inmobiliario aportando valiosísima información en un periodo de fuerte expansión que ya anunciaba futuras burbujas inmobiliarias, y se actualizó la base de datos integrando numerosa información de inmuebles y propietarios. El mismo diario El País, en el editorial de 21 de noviembre citado, señalaba que “su aspecto positivo es que el nuevo catastro ha descubierto seis millones de inmuebles desconocidos por la contabilidad nacional y, por tanto, al margen de la legalidad fiscal”. Pero sobre todo, el catastrazo fue un buen ejemplo de que es posible llevar adelante proyectos de transformación profunda en las Administraciones Públicas, cambiándolas radicalmente para adaptarlas a las necesidades de los ciudadanos.

Sin duda alguna, al actual Catastro debe mucho al catastrazo. Fue con ese impulso como se creó una de las instituciones públicas más utilizadas hoy por la sociedad, tanto por ciudadanos como por empresas o administraciones públicas, construido sobre un modelo que se encuentra a la cabeza de los sistemas catastrales europeos. 

Para finalizar, una última consecuencia simpática del catastrazo: fue la primera vez que se utilizó el sufijo “azo” para describir “acciones o decisiones políticas o administrativas que poseen carácter público, generalmente actuaciones sonadas o sorpresivas de cierta trascendencia, unas veces autoritarias y otras reivindicativas», según lo describe la Fundeu. Decretazo, medicamentazo, ivazo, tasazo o recetazo fueron expresiones seguidoras de esta creación, señalando expresamente la Fundación que, “pese a no hallarse todos en los diccionarios, se trata de sustantivos respetuosos con las normas de derivación y se encuentran ampliamente extendidos”, por lo que palabras como catastrazo no han de escribirse con comillas. Esto he aprendido, y así lo hago.